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    Como antesala a la entrada en vigor del Tratado entre México, EEUU y Canadá, el Congreso mexicano aprobó diversas reformas para ajustar su marco legal al acuerdo. Entre las más polémicas se encuentran los cambios realizados a la Ley Federal de Derecho de Autor, los cuales han provocado protestas de diversas organizaciones civiles en redes sociales.

    A través de la etiqueta #NiCensuraNiCandados, se ha acusado que las modificaciones a esa norma amenazan a los derechos humanos, particularmente al imponer mecanismos de censura digital.

    Colectivos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que las reformas establecen la posibilidad para que los contenidos publicados en internet se den baja si un tercero lo solicita bajo el argumento de que viola sus derechos de autor. Esta acción, denominada "notificación y retirada" (del inglés notice and take down), ya es aplicada en Estados Unidos y obliga a que los proveedores de servicios de internet remuevan contenidos en línea.

    Asimismo, generaron irritación las penas de hasta 10 años de prisión para las personas que eludan las medidas tecnológicas de protección contenidas en dispositivos o sistemas operativos. R3D afirma que esto abre la puerta a castigos por reparar o modificar por cuenta propia nuestros dispositivos tecnológicos o utilizar piezas de distintas marcas para adaptarlos a nuestras necesidades.

    No obstante, expertos en derechos de autor consultados por Sputnik apuntaron que la reforma, si bien obedece a los compromisos adquiridos por México ante la entrada de vigor del T-MEC, también implica una actualización necesaria de la Ley Federal de Derecho de Autor.

    Dafne Méndez Pérez, abogada asociada en Arochi & Lindner México, indicó que los cambios aprobados incorporan varios puntos que deben ser revisados cuidadosamente.

    "La polémica que se ha levantado ha sido en especial por la posible violación a la libertad de expresión. Pero hay que recordar que, si bien la libertad de expresión es un pilar de cualquier sociedad democrática, ningún derecho es absoluto. Por más que tengamos la libertad de expresarnos libremente, esa libertad tiene sus matices, y esos son la violación de derechos de terceros, como los derechos a la privacidad o los derechos de autor", indicó.

    En el mismo sentido, José Luis Caballero Leal, abogado socio de Jalife, Caballero & Asociados, explicó que los derechos de autor pueden traducirse como la facultad de autorizar o prohibir el uso de un bien, obra o producto privado, lo cual es un principio básico de cualquier legislación a nivel mundial.

    "En esta discusión, pareciera que el autor que decide que quiere vivir del uso legítimo de su obra se convierte en el villano que se opone a los usos ilimitados, sin el menor control ni frontera alguna y, además, gratuitos, que los usuarios demandamos. Ni existe el internet libre y gratuito respecto de todo lo que a través de este medio es permisible o se puede llegar a topar, ni tampoco se debe partir de la información de que el autor que decide imponerle a su obra una serie de medidas tecnológicas para impedir que todos accedan a su obra está violando el derecho de acceso a la información o esté ejerciendo censura", explicó.

    Dafne Méndez subrayó que los derechos de autor son un cúmulo de disposiciones que tienen como objeto blindar a su titular ante un uso indebido de su propiedad. A partir de las reformas aprobadas, esto implica que su derecho se extiende también a las plataformas digitales.

    "Los derechos de autor son también derechos humanos, no se conflictúan entre sí. Se deben ponderar para proteger obras en los medios digitales, pero si esto representa que se esté privando del derecho a la información, habría que ver bajo qué circunstancias. Habría que ver por qué no quieres o no puedes pagar por un contenido. Hay que verlo con sus matices, porque ningún derecho es absoluto", apuntó.

    Al respecto, José Luis Caballero explicó que las reformas contemplan que los usuarios afectados por el retiro de contenidos también tendrán derecho a defender sus intereses.

    "El usuario que es afectado por ese retiro tiene derecho a presentar un contraviso a esa plataforma, defendiendo su derecho de poner legítimamente a disposición ese material, acreditando tener las autorizaciones respectivas. No se trata de otorgar una carta con facultades tan absolutamente amplias, que sin que legalmente haya una legítima y auténtica violación a tu derecho vayas a poder tirar cualquier contenido que se te vaya apareciendo en tu camino", consideró.

    Ambos especialistas coincidieron en que este tipo de prácticas ya habían sido incorporadas por las principales plataformas de contenido en internet.

    "Los mecanismos y la realidad del notice and take down ya existe, lo que no había es una obligación legal para los proveedores de contenido para bajarlo. Era algo que estaba desregulado y quedaba al criterio de las empresas. Lo que ocurría es que las empresas bajaban el contenido, siempre que quien hiciera el reclamo acreditara la titularidad", señaló Dafne Méndez.

    En todo caso, para José Luis Caballero la alarma generada en redes sociales puede explicarse por el hecho de que, a partir de las reformas aprobadas, se contempla una mayor vigilancia sobre el uso de contenidos protegidos por derechos de autor en la red.

    "La realidad es que te están impidiendo disponer de algo sobre lo cual no tenías derecho… La reforma va a permitir que, de manera mucho más ágil, haya un bloqueo, una inhabilitación o eliminación de esos contenidos. Pero lo que no va a pasar es que proliferen quejas de usuarios individuales de que les quitan vídeos de sus hijos cantando en el festival escolar, porque a nadie afecta eso", aclaró.

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