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Preocupación por Julian Assange en la cárcel de Reino Unido

© AP Photo / Frank AugsteinRetrato de Julian Assange, fundador de Wikileaks
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Mientras espera la próxima audiencia por el proceso de extradición hacia EEUU en una cárcel de máxima seguridad en Londres, el ciberactivista Julian Assange ha "perdido mucho peso". En diálogo con Sputnik, el excónsul ecuatoriano Fidel Narváez reiteró que Assange es un "prisionero político" que ya cumplió su pena y no debería estar tras las rejas.

Assange continúa detenido a la espera de la segunda parte del juicio de extradición, fijada en principio para el próximo 7 de septiembre en el Old Bailey de Londres, como se conoce al Juzgado Criminal Central británico. La audiencia estaba fijada originalmente para el mes de mayo pero fue postergada como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Narváez, que llegó a entablar un vínculo de confianza con el fundador de Wikileaks durante su asilo en la sede diplomática ecuatoriana, dijo que mantiene contactos "muy esporádicos" con Assange, únicamente por escrito o por intermedio de su equipo de abogados. "Es que su régimen carcelario es vergonzoso: ha tenido derecho a muy contadas visitas sociales, prácticamente una al mes desde que está ahí", apuntó.

El excónsul de Ecuador en Londres señaló que, de acuerdo a la información con la que cuenta, Assange sufrió una importante pérdida de peso durante sus primeros meses en la prisión de Belmarsh, a la que fue trasladado en abril de 2019. Lo único positivo que destacó el diplomático es que "mal que bien en el sistema carcelario tiene atención médica y de alguna manera está siendo atendido", algo que no tuvo en el último año de su asilo en la embajada ecuatoriana cuando, ya con Lenín Moreno en el Gobierno, se le restringieron las comodidades al australiano.

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Narváez apuntó que la falta de un nutrido régimen de visitas no es el único contratiempo para Assange. Según el ecuatoriano, las autoridades de la prisión "demoraron meses en proveerle unos simples lentes" que había solicitado para poder leer. También se retrasaron para entregarle una radio que el ciberactivista había solicitado.

En ese sentido, el excónsul remarcó que el régimen de confinamiento al que es sometido Assange "es terrible" y agrava el estado de "tortura psicológica" al que fue sometido durante sus últimos meses en la embajada ecuatoriana, donde estaba aislado.

"Cada vez que debe asistir a una de las audiencias preparatorias para el juicio de extradición es sujeto a vejámenes. En un solo día le llegaron a colocar esposas once veces. También le requisan los documentos que le dan sus abogados. Es increíble y todo eso tiene un efecto en su salud mental", advirtió Narváez.

Narváez lamentó que la pandemia de COVID-19 no haya contribuido a poner el caso de Assange en el centro del debate a nivel mundial, aprovechando que se trató de un período con menor circulación de noticias. Si bien valoró el respaldo que el australiano tiene en organizaciones de derechos humanos, comentó con pesar que la gran opinión pública sigue viendo el caso con indiferencia debido, especuló, a la campaña de "deterioro de su imagen pública" montada en torno a Assange.

Además, el exdiplomático denunció que Assange fue excluido sin motivo de las medidas adoptadas por el Reino Unido para evitar contagios de COVID-19 entre su población carcelaria, particularmente vulnerable en tiempos de coronavirus.

"Debería estar hace mucho tiempo en prisión domiciliaria porque no está cumpliendo ninguna condena. Está esperando un juicio de extradición y no es una persona violenta ni que tenga antecedentes de ser un peligro para la sociedad", añadió.

Narváez enfatizó que Assange "marcó una época" en el desarrollo de los whistleblowers, como se conoce a los denunciantes de crímenes en la administración pública a partir de filtraciones, en el mundo digital, cuando ese tipo de figuras "toman otra dimensión no solo por la cantidad de información que pueden publicar y hacer circular sino también porque la persecución y los riesgos a los que se exponen son mucho más altos".

Assange está preso desde abril de 2019 —cuando el Gobierno de Ecuador dio por finalizado el asilo político que había otorgado en 2012— a la espera de un juicio de extradición a EEUU, que lo acusa por supuestos delitos de intrusión informática, acceso y difusión de información confidencial. El australiano podría enfrentar hasta 175 años de prisión si prospera la acusación norteamericana.

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