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    En mayo Netflix lanzó una docuserie sobre un resonado caso de trata infantil en Estados Unidos; casi al unísono en Uruguay se hizo pública la judicialización del caso más grande que haya conocido el país. Los expertos consideran que podría marcar un punto de inflexión en la persecución de este tipo de delitos, hasta ahora casi impunes. 

    En la tarde del martes 16 el fiscal de Corte de Uruguay, Jorge Díaz, explicó qué estaba pasando en su país refiriéndose a una docuserie de Netflix: Asquerosamente rico, lanzada en mayo. La docuserie relata el caso de trata infantil perpetrado por el abusador estadounidense Jeffrey Epstein. En Uruguay, coincidentemente también en mayo, se conoció públicamente la Operación Océano, una investigación que comenzó en marzo y que hasta ahora lleva 20 imputados que, al igual que Epstein, utilizaban su riqueza y poder para perpetrar la explotación sexual de al menos seis mujeres adolescentes.

    Son empresarios, políticos, exjueces y profesionales que ofrecían o prometían dinero, regalos, drogas, paseos en autos de alta gama, viajes y cruceros en yates en Punta del Este (Maldonado) a cambio de explotarlas sexualmente. 

    La investigación empezó con la denuncia de un abuso sexual a una adolescente en Maldonado, pero como la víctima se había mudado a Montevideo, la denuncia se trasladó a la fiscalía especializada de la capital. A su vez, en la sede de Atlántida (Canelones) se investigaba el supuesto suicidio de otra adolescente que había aparecido ahogada en el arroyo Solís Chico, de la que se tenían indicios de que había sido explotada. Pronto se supo que las dos menores eran amigas y, al incautarse los celulares, que eran víctimas de violencia comercial sexual.

    Hasta ahora en Uruguay no se habían conocido casos tan grandes de este tipo, los expertos coinciden en señalar que probablemente se deba a que tampoco se habían investigado ni judicializado.

    "Que yo tenga memoria, no. La mayoría de los casos terminaban en la declaración entre víctima y victimario. (...) Generalmente no había una operación tan proactiva, porque no existía tanta huella de la situación de explotación", dijo a Sputnik Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees).

    Este caso cuenta con evidencia digital: hay conversaciones, registros de llamadas, fotos y más donde quedó materializada la intención de explotar, y la explotación. 

    Aunque la explotación sexual infantil no es el único tipo de violencia que padecen las uruguayas —vale recordar que es el segundo país con la tasa más alta de feminicidios en la región—, la Operación Océano pareciera estar en el ojo público porque podría ser utilizada social y políticamente para marcar un hito en las respuestas comunitarias y estatales al problema, que flagela principalmente a niñas y adolescentes uruguayas pobres, en situaciones de vulnerabilidad, y que han tenido trayectorias de vida signadas por múltiples violaciones a sus derechos.

    "La conmoción tiene que llevar a un cambio real en los abordajes integrales a esta cuestión", dijo a Sputnik Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Uruguay debería "reflexionar sobre las respuestas y mejorar el tipo de respuestas" que ofrece, "esto no puede terminar solamente en el ámbito judicial, tiene que ser abordado desde las dimensiones donde al país le falta avanzar", agregó. 

    La explotación sexual infantil en Uruguay

    En la última década Conapees multiplicó por 12 la cantidad de casos de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes abordados por año: en 2009 trabajaban en 20 casos, en 2019 en 240. Además del aumento en la identificación de casos, Uruguay manifestó su preocupación social y política en la ratificación de convenios internacionales, en las leyes promulgadas desde 2004 para combatir y prevenir este tipo de casos, en la creación de seis fiscalías especializadas en delitos sexuales, y en la capacitación de miles de funcionarios públicos.

    No obstante, esa preocupación no se ha visto reflejada en el volumen de denuncias ni de judicializaciones de los casos, que continúan siendo casi insignificantes. Según el periódico uruguayo El País, la División Políticas de Género del Ministerio del Interior apenas contabilizó 68 denuncias en 2019; 35 fueron por contribución a la explotación sexual de un menor; 14 por comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico; 12 por retribución o promesa de retribución a menores para que realicen actos sexuales. El total de las denuncias representa el 6% del total de delitos sexuales registrados a niños y adolescentes. Entre enero de 2018 y abril de 2020, Fiscalía realizó 40 formalizaciones vinculadas a denuncias de explotación sexual con al menos una víctima menor de edad.

    Purtscher advirtió que "si bien no se puede asegurar en un 100% de los casos un desarrollo exitoso, también hay que mirar para atrás para ver dónde empezamos". Sobre las denuncias que podrían realizar los equipos de trabajo del Conapees, por ejemplo, aseguró que siempre se "evalúan varios factores", principalmente la protección que se le puede brindar a la víctima, y cómo se puede construir la prueba.  

    "¿Qué libertad hay para denunciar? ¿Qué posibilidad hay de proteger? Al ser un delito complejo, no siempre la víctima está en situación de denunciar", agregó. Explicó que puede darse porque o no se ven como víctimas, o están amenazadas y le tienen miedo a la "gente pesada" que está en el negocio. De todas maneras, dijo que Uruguay está en un "mejor momento".

    ​"Creo que [hoy] los mecanismos institucionales de protección dan otras herramientas para que las denuncias puedan llegar a buen término y poder romper el abismo que había entre las situaciones que identificábamos y aquellas que terminaban con un procesamiento con prisión. Teníamos un techo de impunidad que era muy difícil de romper", dijo Purtscher.

    El presidente de la Conapees también destacó el cambio que significó que la Fiscalía General de la Nación fuera quien dirigiera la investigación de los crímenes en primera instancia, cuestión que hasta noviembre de 2017 estuvo a cargo de la Policía.

    "Se ha horizontalizado el trabajo entre instituciones, y no existe de repente esa aprehensión basada en cuanto a realizar la denuncia pura y dura, sino que eso se está mediatizando y se están generando espacios, como por ejemplo el de la Ley de Prevención y Combate de la trata de personas N° 19.643, que inmediatamente da una respuesta de protección a la víctima".

    En 2007 el Comité de los Derechos del Niño realizó observaciones a Uruguay, la gran mayoría fue reiterada en 2015; cinco años después "continúan vigentes". Pedernera hizo hincapié en la necesidad de que el Estado:

    • Se comprometa en ofrecer el "sostén necesario para que la víctima pueda salir de esa situación".
    • Genere "vías de denuncia accesibles, confidenciales y adaptadas" a las niñas, niños y adolescentes.
    • Logre información de calidad para poder prevenir, perseguir y castigar este tipo de delitos.
    • Descentralice los servicios de atención desde Montevideo al interior del país, "lo que se sabe es que en el interior hay una desprotección, por tanto los servicios tienen que ir a la búsqueda de las víctimas y no al revés".
    • Piense mecanismos de prevención y lleve información a la comunidad. 

    Para poder "desarticular la red de poder" que se cierne sobre sobre las adolescentes captadas en redes de explotación sexual, Purtscher aseguró que se necesita "un trabajo de cuerpo a cuerpo" con los técnicos. 

    "Es muy difícil porque tenés que competir con un mensaje donde todo es posible: te puedes vestir con la ropa que quieras, ir a las fiestas que quieras, sentirte linda. Todo eso es parte de un mundo que desde el origen del que parten estas gurisas, parece inalcanzable. Entonces intentar promover alguna alternativa es bastante difícil en la medida que la sociedad no genere esas alternativas", explicó.

    "Patrones que se repiten"

    La explotación sexual infantil tiene "patrones que se repiten", indicó Pedernera. Son crímenes que se cometen de forma casi impune, o porque se falla diciendo que no hay responsabilidad, o porque los procesos son interminables y nunca llegan a la determinación de responsabilidades.

    También se caracterizan por ser perpetrados por hombres con cierto poder económico y por conllevar judicializaciones donde se revictimiza a las mujeres explotadas, no se les ofrece protección, y se desprecia su testimonio: cuando el desconocimiento de la edad de las víctimas se valida como argumento de los perpetradores, o tal como planteaba Purtscher, cuando el caso se termina reduciendo a la palabra de uno contra otro. 

    Las víctimas generalmente son las "grandes olvidadas, en particular las niñas son las que quedan al costado. (...) A veces uno recorre los testimonios de las víctimas y ve que se presentó en una comisaría y no le creyeron, o se les respondió desde el paradigma patriarcal que pone en ella la responsabilidad de lo que está viviendo", contó Pedernera.

    Sin embargo, vale aclarar que tanto Pedernera como Purtscher señalan que en los últimos años el uso de las tecnologías digitales ha significado un cambio en las metodologías de captación de las niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, pero también en la obtención de las pruebas de los delitos. 

    La explotación sexual infantil en la era digital

    La Operación Océano viene a marcar un hito en este ámbito: el el uso de las tecnologías digitales para concretar la explotación ha servido como evidencia de los crímenes perpetrados. Purtscher contó que desde Conapees habían detectado que "el enganche y primeros contactos" ya no se realizaban en "escenarios reales", sino en virtuales. 

    Uruguay es el país latinoamericano más avanzado en el desarrollo de las TICs. El 85% de los hogares cuenta con acceso de banda ancha fija a Internet; los estudiantes de las escuelas y secundarias públicas acceden gratis a laptops; el 100% de los centros educativos del país tienen conectividad. El acceso a la tecnología y al conocimiento se ha universalizado y la brecha digital se ha reducido significativamente: en los últimos 10 años la brecha de acceso entre los hogares más pobres y los más ricos pasó del 35% al 8%, según información de Uruguay XXI.

    "Ese gran avance en las TICs no fue acompañado de medidas de amortiguación de impacto del uso", advirtió Purtscher. Los nuevos medios están siendo utilizados para captar niñas y adolescentes y para concretar el intercambio de imágenes y económico. La contracara de la invisibilización del delito que se da por su uso, son las pruebas.

    "A diferencia del encuentro real, el contacto virtual deja huellas, y por lo tanto permite seguir las conversaciones que materializan esa prueba y que hace desestimar [el argumento de los perpetradores de que no sabían] que eran menores de edad, o que no existía intercambio económico, o que no existió una promesa de retribución", indicó.
    Etiquetas:
    Luis Pedernera, ONU, abuso sexual, abuso infantil, violencia sexual, explotación sexual, explotación sexual de menores, explotación infantil
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