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    Varias organizaciones civiles y centros de derechos humanos dedicados a los migrantes en México solicitaron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU ante la opacidad del proceso por el que miles de personas han sido "liberadas" de las Estaciones migratorias durante la pandemia.

    Aunque la liberación de los migrantes había sido uno de los reclamos principales desde el inicio de la pandemia en México dadas las condiciones de su reclusión (que los volvían especialmente vulnerables a contraer masivamente COVID-19 en estas cárceles irregulares para migrantes), las organizaciones denuncian que este proceso se ha hecho de manera precaria y sin registro.

    Así, exponen en varias cartas enviadas a los organismos internacionales —a las que Sputnik tuvo acceso— que son abandonados en las rutas migratorias sin ningún tipo de apoyo o acompañamiento o sin que se tenga noticia de la realización, por parte de la autoridad, de análisis individuales del riesgo que experimentaría cada una de ellas al ser deportadas a sus países de origen.

    Existe, además, otra situación preocupante que fue evidenciada por el Movimiento Migrante Mesoamericano: entre los "liberados" hay un número no determinado de personas que habían sido deportadas "en caliente" desde Estados Unidos, país que desde comienzos de la pandemia ha regresado a México a cualquier persona que cruce su frontera de manera irregular sin brindarle la posibilidad de solicitar asilo, como lo establecen sus propias leyes y protocolos.

    ​Esta misma situación había sido narrada a Sputnik desde Tabasco, donde tres hondureños fueron regresados desde Estados Unidos "en caliente" y abandonados a su suerte por agentes de migración mexicanos para que cruzaran de manera irregular por la frontera con Guatemala, que entonces permanecía cerrada.

    Sin embargo, según reconoció el Instituto Nacional de Migración mexicano (Inami) en un comunicado publicado el 26 de mayo de 2020, gracias a las gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al apoyo logístico de la Organización Internacional para las migraciones (OIM) pudo concretarse este "retorno" masivo desde México a Centroamérica.

    Según las cifras oficiales, de las 3.653 personas que el Inami tenía bajo su custodia en marzo de 2020, solo 106 permanecieron tras la "liberación" masiva del 26 de abril. El mismo documento indica que 3.653 personas fueron retornadas vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador. Si se saca la cuenta, las cifras indicarían que todos los liberados fueron deportados.

    El comunicado oficial del Inami señala que para ese "retorno" se privilegió "a los grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias, mujeres embarazadas y personas extranjeras con riesgos de enfermedades crónicas".

    Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos señalan en sus cartas a los organismos internacionales que "casi la totalidad de las personas detenidas fueron devueltas a sus países sin un análisis sobre la necesidad de protección internacional de las mismas".

    Estas cartas están fechadas del 14 de mayo de 2020 y, aunque comparten un análisis común sobre esta preocupante situación, tienen exigencias distintas.

    En la misiva destinada a Paulo Abrão, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pide al organismo que haga una solicitud de información al Estado mexicano para que de manera detallada informe sobre tres cuestiones principales:

    • La cantidad y ubicación de todas las personas detenidas dentro de las estaciones migratorias del país y en qué condiciones permanecen.
    • Si el Inami continúa deteniendo a personas migrantes luego de haber "desalojado" sus 65 instalaciones, entre albergues y estaciones migratorias, que fue anunciado en el comunicado del 26 de abril, referido más arriba.
    • Cuáles son las condiciones en las que el Inami desalojó a las personas que mantenía en sus centros de detención, dónde se encuentran, si fueron deportadas y de qué manera lo fueron.

    Reclamaron que el Organismo reitere al Estado mexicano sus obligaciones contraídas en torno al respeto del derecho de las personas a buscar y obtener asilo en el país, que se rige, esencialmente, por el principio de "no devolución" de estas personas.

    En consecuencia, debe elaborar protocolos de liberación para las personas que aún mantiene detenidas dentro de sus centros de reclusión para migrantes que funcionan en México desde hace cuatro décadas de manera forzosa cuando según los estándares internacionales, la reclusión de migrantes y refugiados debe darse sólo en situaciones excepcionales.

    En la siguiente carta, destinada al doctor Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes, dependiente de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, se solicita su "acción urgente" en el tema, centrada en cuatro aspectos:

    • La solicitud de información al Estado mexicano sobre la cantidad de personas que están privadas de su libertad en las estaciones migraciones de México, así como las condiciones en que se encuentran actualmente.
    • La solicitud de su liberación, atendiendo a los llamados de su propia Oficina, así como los hechos por la OIM y la Organización Mundial de la Salud.
    • Que también solicite información al Estado mexicano sobre los desalojos concretados el 26 de abril, el paradero de estas personas "liberadas" y acerca de cómo se realizaron sus procesos de deportación.
    • Que pida al Estado mexicano por la elaboración y adopción de protocolos para la liberación de los migrantes aún detenidos por el Inami, con especial énfasis en las personas vulnerables y respetando su derecho a pedir y recibir asilo en México.

    Las organizaciones firmantes de ambas cartas que se mencionan en este texto son el Centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova, Asylum Access México, la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de derecho, FM4 Paso libre, el Programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, el Instituto para las Mujeres en Migración y el Centro por la Justicia y el Derecho internacional.

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