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    Las autoridades brasileñas ejecutan la extradición de Carlos García Juliá, autor material de una de las matanzas más terribles acaecidas durante la Transición española a la democracia.

    Carlos García Juliá, condenado en 1980 a 193 años de cárcel por ser uno de los autores materiales de la matanza perpetrada el 24 de enero de 1977 en un despacho de abogados laboralistas situado en la calle Atocha de Madrid y en la que murieron cinco personas, será por fin entregado a España en fecha jueves 6 de febrero a instancias de las autoridades españolas. 

    El homicida llevaba casi tres décadas en situación de prófugo de la justicia tras haber estado oculto en diversos países de Latinoamérica como Bolivia, Paraguay y Brasil, siendo en este último donde fue detectado a instancias de la Audiencia Nacional de España. García Juliá, quien apenas cumplió 14 años de reclusión antes de fugarse aprovechando un permiso penitenciario a principios de los años noventa, era militante del partido político español de índole ultraderechista Fuerza Nueva e integraba una banda de pistoleros nostálgica del régimen franquista en el momento de tan luctuosos hechos.  La Audiencia Nacional estima que aún le restan por cumplir 3.855 días de prisión.

    García Juliá fue arrestado en la ciudad brasileña de São Paulo en diciembre de 2018, donde operaba con un pasaporte venezolano falso y trabajaba como conductor de Uber. Hasta el momento de su extradición, de la cual no han trascendido los detalles del traslado por motivos de seguridad, el prófugo de la justicia española se ha hallado retenido por la Policía Federal de esa ciudad. Fue la Corte Suprema de Brasil la que el pasado mes de agosto de 2019 autorizó la entrega del criminal, posteriormente ratificada a principios de año por el Gobierno brasileño.

    Un crimen atroz

    La matanza de abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista de España (PCE) y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) perpetrada en 1978 marcó un antes y un después en la convulsa transición de España hacia la democracia tras la muerte del general Franco, jalonada con centenares de muertos a cargo tanto de pistoleros de ultraderecha como de grupos terroristas tales como ETA y GRAPO, de corte nacionalista vasco y maoísta, respectivamente.

    Aunque en principio el objetivo de los atacantes era otro —Joaquín Navarro, el secretario general del Sindicato de Transportes vinculado a CCOO—, al no hallarle en el lugar los integrantes de la banda abrieron fuego contra los allí presentes, acabando con la vida de tres abogados (Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo), un estudiante de Derecho (Serafín Holgado) y un administrativo (Ángel Rodríguez Leal), y dejando muy mal heridos a otras cuatro personas más. Una de las abogadas del bufete, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena (2015-2019), logró salvar la vida al ausentarse de manera circunstancial aquella tarde de su despacho. 

    La matanza, con un sistema democrático aún en ciernes y el Partido Comunista de España todavía ilegalizado, obró una multitudinaria manifestación de duelo en las calles de Madrid a cargo de los militantes y simpatizantes del citado partido, quienes acompañaron el recorrido de los féretros puño en alto y en absoluto silencio desde su salida del Colegio de Abogados hasta el cementerio.

    La masiva concentración de apoyo al paso de los ataúdes por las calles de Madrid, que convocó a más de 100.000 personas, está considerada en España como el momento clave, pues diversos estamentos de la sociedad del país mostraron un temple extraordinario de cara a la llegada de la democracia. A modo de ejemplo, se dio la paradoja de que la Policía española protegió ese día a los miembros de un partido, el Comunista, que todavía era ilegal. Apenas tres meses después, en plena Semana Santa, el PCE fue legalizado en fecha de 9 abril, bautizada para la ocasión como 'Sábado Santo Rojo', convocándose al poco elecciones generales por primera vez desde 1936.

    La sentencia del tribunal del 4 de marzo de 1980 dictó que la banda de pistoleros constituía un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España", y condenó a Carlos García Juliá —de 24 años entonces—, José Fernández Cerrá y Francisco Albadalejo en tanto que autores materiales del crimen a 193 y 73 años de prisión, respectivamente. Diversos cómplices fueron condenados a penas menores y otro de los autores materiales del crimen, Fernando Lerdo de Tejada, fugado antes del juicio, continúa en paradero desconocido.

    En la actualidad, la Fundación Abogados de Atocha se encarga de "mantener el recuerdo de las víctimas" y organizar actos de homenaje en reconocimiento a la contribución de los afectados por "conseguir las libertades democráticas en España y la defensa de los derechos de los trabajadores".

    Etiquetas:
    Audiencia Nacional de España, justicia, Comisiones Obreras, Partido Comunista de España (PCE), transición, tiroteo, banda criminal, ultraderecha, crimen, abogados, matanza
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