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    SAN SALVADOR (Sputnik) — La reciente sanción contra un notario que casó a dos mujeres en Costa Rica pretende amedrentar a servidores públicos para así marginar más a la comunidad LGTBI, aseguró a Sputnik la abogada y activista Larissa Arroyo.

    "Se trata de utilizar el miedo para amedrentar a una población que ha sido históricamente discriminada, haciéndole creer a los notarios que no pueden realizar ese tipo de enlaces, y que si lo hicieron sufrirán consecuencias", aseguró a Sputnik Arroyo, presidenta de la Asociación Ciudadana Acceder.

    El portal informativo delfino.cr reportó que el Juzgado Notarial del 1er Circuito Judicial suspendió por 13 años y un mes a Marco Antonio Castillo, por haber casado a Laura Florez y Jazmín Elizondo, quien fue inscrita con sexo masculino en el Registro Civil.

    El juez Francis Porras acogió una denuncia de Guillermo Sandí, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, alegando que Castillo "insertó datos falsos" sobre el sexo biológico de Elizondo.

    Además de anular el matrimonio de Florez y Elizonso, Porras cuestionó en su resolución que el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones no presentara denuncias contra los notarios que formalizaron la unión entre personas del mismo sexo.

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