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    Vecinos de Ciudad de México buscan mayor participación en el proyecto de Ley de Planeación

    © CC BY-SA 2.0 / Antony Stanley / Zócalo, Mexico City
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    Un conjunto de organizaciones vecinales de base presentaron una carta a la Comisión de Planificación del Congreso de Ciudad de México para expresar su preocupación ante la falta de consulta con los habitantes de la capital mientras se define su proyección a 20 años.

    La Ley de Planeación urbana tiene como eje la creación del Instituto de Planeación que —para los legisladores del partido de gobierno— puede convertirse en un peligroso "doble poder" frente al gobierno central —en manos de Claudia Sheinbaum— y a los 16 gobiernos locales de los alcaldes de Ciudad de México.

    Por otra parte, las organizaciones vecinales ven con preocupación su avance legislativo sin que se haya abierto un diálogo amplio con el movimiento social capitalino.

    "Nos preocupa la Ley de Planeación porque va a definir todo el futuro de la ciudad a 20 o 30 años", dijo a Sputnik Jaime Rello, referente del Movimiento Urbano Popular (MUP), una de las organizaciones de base de mayor trayectoria en Ciudad de México, quien acompañó la carta presentada al Congreso de la capital.

    "Exigimos que se tome en cuenta la participación de la gente, que la planeación sea desde abajo, desde cada barrio, colonia, pueblo sea ahí donde surja la planeación y no sea una dictada desde arriba", sostuvo Rello en entrevista para Sputnik.

    Un conflicto de poderes

    Según la diputada Martha Ávila, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso e integrante de la Comisión de Planeación del Legislativo que tiene a su cargo el tratamiento del dictamen de la ley de planeamiento para que se eleve al pleno, existen dos proyectos de dictamen que se consideran para elevar a la discusión del pleno de la cámara, el próximo jueves 21 de noviembre.

    Por un lado, el dictamen elaborado por una comisión encabezada por el diputado Federico Döring (electo por el Partido Acción Nacional, conservador y opositor al gobernante Morena) y por otro, un nuevo proyecto enviado al Congreso de Ciudad de México a comienzos de noviembre por la jefa de gobierno.

    "La preocupación de la bancada de Morena es evitar que se confundan las facultades y competencias del Instituto de Planeación", señaló a Sputnik la diputada por Morena, Valentina Batres.

    "El Instituto de Planeación es un órgano auxiliar, que genera indicadores y propuestas para la planeación de las políticas de Gobierno. Si le damos más responsabilidades, vamos a tener un monstruo de planeación, un doble poder frente al Ejecutivo", sostuvo.

    Tras recibir una copia de la carta que varias organizaciones vecinales firmaron como Red por el derecho a la ciudad, Batres refirió a los medios presentes que la proyección a 20 años del Instituto no puede sustituir la responsabilidad de los poderes ejecutivos (del gobierno central y las alcaldías) en cuanto a su potestad para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los territorios. "Las facultades de planeación son del Poder Ejecutivo", sostuvo.

    Desarrollo sin expulsión

    A la par que esta discusión avanza en el Congreso de Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un "programa especial de regeneración y vivienda incluyente" que busca la financiación de capital privado en la construcción de vivienda social en 12 corredores (zonas prioritarias de la capital) que fueron definidos por su gobierno, ofreciendo beneficios y exoneraciones fiscales a las empresas que participen.

    "Nuestra duda es cómo van a implementar eso, porque estamos peleando que la gente de cada barrio dónde van a estar los corredores pueda tener acceso a esa vivienda social", señaló Jaime Rello, del Movimiento Urbano Popular a Sputnik. "Si no se corre el peligro de que la gente sea nuevamente desplazada de sus lugares", agregó.

    "El problema de Ciudad de México es el costo del suelo y quién tiene posibilidades de acceder a él. ¿Cómo van a hacer para que esas viviendas salgan más baratas con un suelo tan caro? Nos preocupa que el suelo de la ciudad, que ha sido expropiado, se utilice ahora para brindarle al capital inmobiliario su inversión", explicó el líder vecinal.

    El proceso de gentrificación de Ciudad de México lleva al menos dos décadas expulsando de las zonas centrales a sus pobladores originarios. Durante los últimos cinco años, ese proceso se tornó más violento, gracias a una serie de desalojos arbitrarios contra los históricos vecinos del Centro Histórico y otros puntos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los afectados han denunciado la responsabilidad de la justicia en este atropello.

    Una de las estrategias de defensa de estos sectores populares ha sido promover la expropiación de sus edificios en pleito, denunciando que el abandono de sus dueños originales (fallecidos muchos, intestados otros) los mantiene en una incertidumbre jurídica (sin papeles) facilitando el avance irregular del capital inmobiliario que expulsa a estas familias, a pesar de que han mantenido y habitado estos sitios durante generaciones.

    Sin embargo, el representante del MUP señaló a Sputnik que ellos no quieren ser parte de esta estrategia en conjunto con el capital privado, sino crear vivienda social mediante otros mecanismos populares como la auto-construcción y el cooperativismo por ayuda mutua.

    "Nosotros no queremos que los predios que ya se expropiaron entren en ese esquema, porque esos son para la gente que ya los habitaba y no para otra cuestión. Si requieren suelo, pues que Carso [Grupo principal de Carlos Slim] y estas empresas que lo tienen, pongan de su parte para crear vivienda social", afirmó.
    Etiquetas:
    gentrificación, Ciudad de México, México
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