"Planteamos el problema de las niñas madres, que son violadas y abusadas a muy corta edad entre los 8 y los 11 años y no les permiten hacer una interrupción legal del embarazo", sostuvo Schulman.
Los protocolos dictados por las autoridades para el cumplimiento del artículo 86 son objeto de una disputa permanente en el ámbito hospitalario y judicial para impedir que los abortos autorizados por la ley se lleven a cabo.
Al mismo tiempo, la interrupción voluntaria del embarazo es una de las principales demandas de los movimientos feministas de Argentina, que por octava ocasión consecutiva volvieron a presentar este año en el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto.
Al calor de este reclamo, comenzaron a aparecer grupos antiderechos que presionan en el ámbito judicial y político y en las provincias del interior del país para que las niñas no puedan abortar.
Bajo esta óptica, "intentan retrasar el embarazo de la menor, lo judicializan, interponen objeciones de conciencia hasta que llega un momento en que ya es muy tarde para practicarle un aborto", relató Schulman.
El Comité Argentino y las otras cuatro organizaciones que expusieron este asunto ante la CIDH dieron cuenta del fallecimiento de varias niñas "y de fetos que nacen en malas condiciones y se mueren".
No hay estadísticas oficiales que permitan calibrar el alcance de estas vulneraciones.
"Las niñas que están en esta situación son del interior (del país) o de comunidades indígenas donde no llega ninguna información, entonces es muy difícil de cuantificar", reconoció la activista.
Pero las instituciones que demandan al Estado argentino por permitir estas violaciones detectan que hay un incremento de niñas que son obligadas a parir, sobre todo en jurisdicciones al norte del país, como Jujuy, Salta o Tucumán (noroeste).
Desde Casacidn aseguran que se producen casos "semanalmente", con "abusos a niñas que quedan embarazadas por algún pariente".
"No podemos hablar de relación sexual consentida: directamente hay que hablar de una violación y esto tiene un castigo en el Código Penal", advirtió Schulman.
Caso emblemático
El caso testigo presentado ante la Comisión Interamericana es el de una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela que en febrero se le realizó una microcesárea cuando cursaba la semana 25 de embarazo.
Finalmente, a la niña se le realizó una microcesárea, por considerar que era el método más adecuado para extraer el feto, debido a que un aborto vaginal habría puesto en riesgo la vida de la menor.
El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, llegó a difundir el nombre de la niña, vulnerando la intimidad de la víctima, y llamó a los suyos a "custodiar" la vida de la recién nacida, que falleció diez días después de salir del vientre de la menor.
"Hay una nueva corriente antiderechos que está obligando a niñas a no tener una vida normal, al cargarlas con una criatura que en general nace en pésimas condiciones", contextualizó la directora de Casacidn.
"Llama la atención que sea el propio Estado el violador de derechos, que se metan las autoridades sanitarias de cada una de las provincias a influir en este tema y perjudicar a estas niñas que han sufrido una doble violación, la que les ha tocado y la del estado de derecho", concluyó Schulman.
Como parte de las convocatorias promovidas por el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y del Caribe que se celebra este 28 de septiembre, colectivos sociales y feministas realizarán talleres y un "pañuelazo" este 27 de septiembre ante el Congreso de Buenos Aires para reclamar la interrupción voluntaria del embarazo.
El pañuelo verde, un símbolo para reclamar la despenalización del aborto en Argentina, ha tenido tal impacto en la región que otros países de América Latina se han apropiado del emblema.
