Verdad, memoria y justicia: estas parecieran ser las grandes deudas de los Gobiernos del mundo con las personas que sufrieron (y sufren) tratos crueles e inhumanos que buscan destruir a la víctima, despreciando la dignidad intrínseca a todo ser humano.
Muchos Gobiernos dedican más esfuerzo a negar o encubrir las torturas que a investigar exhaustivamente las denuncias, asegura Amnistía Internacional. "A menudo, los torturadores actúan sin miedo a ser detenidos, perseguidos o castigados". La impunidad da como resultado que la práctica de la tortura se perpetúe y las personas que la sufren quedan desamparadas.
Desde 1997 cada 26 de junio se conmemora el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, en conmemoración al día en que entró en vigor la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de Naciones Unidas (NU), en 1984.
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Según la Organización de Estados Americanos (OEA), en más de 140 países, hombres, mujeres y niños son torturados en prisiones, comisarías de policías, cuarteles del Ejército, en las calles, hospitales, en centros de detención clandestinos, en escuelas e, incluso, en sus hogares.
La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos puede constituir tortura, como la esterilización forzada o la negación del acceso al aborto legal y seguro en determinados casos. El Comité contra la Tortura de NU también se ha posicionado contra la mutilación genital femenina y ha exigido a los Estados que tomen las medidas necesarias para erradicarla.
Con la tortura se intenta destruir a la persona entera, acabar con su identidad y romper sus vínculos con la familia y la comunidad. La tortura puede ocasionar daños físicos permanentes y dejar secuelas psicológicas, además de enfermedades crónicas como el trastorno por estrés postraumático y la depresión profunda, menciona la OEA.
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Las víctimas de tortura suelen reportar a menudo cefaleas severas, incapacidad para dormir, pensamientos suicidas, temor y desconfianza, lo que les dificulta mantener relaciones sociales, trabajar y funcionar en sociedad. Estos problemas no desaparecen por sí solos, y si no se les atiende a menudo, se ven exacerbados.
"Sin embargo, muchos Estados siguen practicando o tolerando la tortura. Persiste la impunidad de los autores. Las víctimas siguen sufriendo", dijo en 2010 el secretario de NU, Ban Ki-moon (2007-2016).
Es difícil saber cuántas personas sufren torturas, porque generalmente suceden lejos del ojo público. Sin embargo, sí se sabe que es aparentemente interminable la lista de métodos de tortura aplicados, desde las palizas, descargas eléctricas y quemaduras, hasta amenazas de asesinato a seres queridos, privación de alimentos, medicación y sueño, la mutilación, violación y simulacros de ejecución.
El artículo 1 de la mencionada Convención, establece que se entenderá por tortura "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión".
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También constituye tortura la aplicación de esas acciones para castigar a una persona "por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido", así como para "intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación".
De acuerdo con la convención, se constituye tortura "cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".
"No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas", agrega la norma.
Uno de los últimos países en haber recibido un llamado de atención del Comité contra la Tortura de NU fue México. En mayo exhortaron al Estado mexicano a crear instituciones públicas más fuertes e independientes para investigar la tortura y brindar rehabilitación a las víctimas.
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El Comité recomendó la creación de un instituto forense independiente para investigar las denuncias de tortura y el fortalecimiento de las comisiones federales y locales de atención a las víctimas.
