La situación es más preocupante si se atiende que, de estos seis casos, cinco eran comunicadores indígenas en territorios en resistencia, donde desarrollaron una tarea crucial para brindar información a estas luchas, explicaron desde el colectivo.
De los seis comunitarios asesinados, cuatro eran integrantes del Congreso Nacional Indígena: Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de la Radio Amiltzinko (en Morelos); José Luis Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata de Chilapa (estado de Guerrero); y Gustavo Cruz Mendoza, colaborador de Radio Guetza (Oaxaca).
A ellos, sumaron los casos del comunicador zapoteca Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio Estéreo Cafetal, en San Agustín Loxica (Oaxaca), y de Rafael Murúa Manríquez, director de la estación comunitaria Radiokashana, de Mulegé (Baja California).
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Las reporteras lamentaron que, entre todos estos casos, las autoridades sólo hayan reconocido la labor periodística de Santiago Enríquez. Desde el Gobierno han negado que los demás asesinatos se deban al trabajo de las víctimas como comunicadores.
Al contemplar los seis casos denunciados y no reconocidos junto con los siete registrados por las autoridades en lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (con inicio en diciembre de 2018), puede verse que 12 de los 13 se desempeñaban a nivel municipal, cubriendo noticias locales y de sus respectivas regiones.
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Reporteras en Guardia es un colectivo de un centenar de mujeres periodistas de 24 de los 32 estados mexicanos, que se propusieron hacer perfiles de estos casos. De momento, ya han concretado y publicado 45, con la reciente inclusión de los perfiles de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez dos locutoras triquis de Radio Copala, asesinadas en 2008, gracias a un reportaje elaborado por la periodista oaxaqueña, Diana Manzo.
