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    Cárcel, imagen referencial

    Estómagos vacíos y bocas cosidas, desesperados gritos de libertad en cárceles de México

    CC0 / Pixabay
    Sociedad
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    Por Nicolás Ayala
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    Un grupo de 13 indígenas lleva casi un mes sin ingesta de alimentos. Dos de ellos se cosieron los labios. Piden ser liberados tras más de una década de encierro sin otras pruebas de culpabilidad que confesiones extraídas bajo tortura.

    Por debajo de sus uñas brotaba sangre, lo pinchaban con agujas. Los tejidos en su rostro se hinchaban y rompían, eran los puños de la ley. Sus pulmones se ahogaban, su cerebro se asfixiaba; la cabeza envuelta en nailon. El cuerpo estremecido, la carne quemada; una corriente eléctrica de alto voltaje lo recorría desde los testículos. Le aplicaban la picana.

    Hace 10 años, cuando tenía 18, Alfredo Gómez López salió de su casa cerca de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con la intención de comprar fertilizante para cultivos. En el trayecto fue abordado por cuatro hombres que lo forzaron al interior de una camioneta.

    No se trataba de un blanco al azar. Alfredo pertenece a una comunidad que desciende de los mayas, los tzotzil. Con ese orgullo se llaman a sí mismos batsiI winik'otik, "hombres verdaderos". Pero ser indígena en México es una carga pesada, implica convivir con el drama y la injusticia.

    Este es uno de sectores más vulnerables de la población, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La pobreza, la marginación, la falta de acceso a la educación y el aislamiento geográfico los pone en desventaja frente al resto de la sociedad.

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    Para aquellos que se encuentran privados de libertad en centros penitenciarios, estas condiciones se agravan. En el encierro enfrentan una mayor negación de sus derechos. El de Alfredo es uno de los cuatro pueblos originarios que más engrosa la población carcelaria del país.

    Con los ojos vendados fue forzado a bajar del vehículo. Comenzaba el interrogatorio. "Me hicieron declarar a base de tortura para que confesara delitos que no había cometido", dijo a Sputnik. Una década atrás sus conocimientos de español eran limitados, apenas si pudo comprender, entre golpes, que uno de los crímenes que le estaban implantando era homicidio. Lo forzaron a firmar su condena.

    "Como indígenas sin estudios y sin entendimientos de español no sabemos defender nuestros derechos. Así se aprovechan de nosotros. Estuve secuestrado 10 años y cinco meses. Sufrimos los pueblos indígenas, somos ignorados, discriminados, olvidados", sostuvo el joven que ahora tiene 28 y salió de prisión hace poco menos de dos meses.

    Por historias similares, hoy en distintos establecimientos penitenciarios de Chiapas un grupo de 13 indígenas lleva 28 días sin probar bocado. Se trata de personas privadas de libertad por delitos que aseguran no haber cometido y que, ante la omisión de las autoridades del Estado para atender sus demandas, decidieron dejar de ingerir alimentos. El 29 de marzo, dos de ellos, Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gómez Hernández, se cosieron los labios.

    Pero su expresión de resistencia fue castigada. Un día después ambos denunciaron tratos inhumanos por parte de David Arias, director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) Número 10, en Comitán de Domínguez.

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    "Mandó su elemento a levantarnos por la fuerza y nos dio una cachetada a cada uno donde nos desnudaron y nos metió al baño y nos bañó con agua fría nos obligó a que le mostráramos nuestras partes íntimas y nos estuvo maltratando durante 10 minutos", puede leerse de forma textual en la denuncia escrita a mano desde prisión.

    En vísperas del Día Internacional Contra la Violencia de Género, el 22 de noviembre, las mujeres chilenas salieron a las calles de Santiago en una marcha para condenar el sexismo que aún existe en la sociedad.
    © AP Photo / Esteban Felix
    Las protestas de hambre iniciadas el 15 de marzo por un primer grupo de ocho, y tres días más tarde por el resto, también fueron reprendidas. "Los metieron en celdas de castigo; cuartos de 3x4 [metros] con poca ventilación y sin baño. Se trata de torturas psicológicas. Llamamos la atención sobre esto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) para que intervenga y genere condiciones donde se pueda llevar a cabo la huelga de hambre sin agresiones", dijo a Sputnik Gilberto Hernández Miranda, asesor jurídico de los hombres en reclusión.

    A eso se suman denuncias por malas condiciones carcelarias, falta de atención médica, alimentación deficiente, malos tratos por parte del personal. "Todo esto se da en un contexto de violación de derechos a una población vulnerable, los pueblos originarios", dijo a Sputnik Azalia Hernández, encargada de comunicación social Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA).

    Según cifras Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en las cárceles del país hay 211.003 personas privadas de libertad. Con una tasa de 172 adultos presos por cada 100.000 habitantes, México supera la media mundial de 144. El 5,5% son individuos que hablan alguna lengua indígena, en una nación donde poco más del 20% de la población se percibe como tal.

    Desde el FRAYBA se están documentando los abusos desde diciembre. "El Estado alega que no tiene la capacidad para hacer frente a tantas denuncias. Pero con nuestra metodología para identificar casos de tortura pudimos cotejar los testimonios. Pedimos a las autoridades que investiguen las demandas contra policías y funcionarios. Pero creo que todo eso va a ser muy lento, la situación de salud se va complicando", agregó Hernández.

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    El tiempo apremia. Hace ocho días los detenidos entraron en lo que se conoce como la tercera y última fase de una huelga de hambre. Dependiendo de cada organismo, pero por lo general a partir vigésimo día sin comer, el cuerpo comienza un proceso de autofagia y disuelve los tejidos musculares, ricos en proteínas, para poder sobrevivir un poco más.

    Al mes la desnutrición impacta todo el sistema. El adelgazamiento extremo hace que el cuerpo quede vaciado de fuerzas. Se experimenta un cansancio agudo que puede afectar el habla. En los siguientes 10 días el individuo pierde movilidad e incluso la consciencia. El método de protesta puede provocar daños irreversibles. Es común que la muerte por inanición se produzca por falta de irrigación cerebral o una falla en el corazón.

    "Tomaron la medida porque piden su libertad. Todos son indígenas, lo que en Chiapas implica discriminación en procesos legales. Su situación está plagada de irregularidades", aclaró la vocera del FRAYBA.

    En total son 20, pero otros siete no pudieron sumarse a la huelga por problemas de salud. Todos fueron detenidos de forma irregular, algunos hace 10 años, otros hace 15. Denuncian que no hubo órdenes de aprehensión y que, como Alfredo, fueron torturados para que confesaran delitos que no cometieron. Muchos no hablan español y, sin embargo, durante su defensa no contaron con intérpretes.

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    "En muchos de estos casos se utilizó la tortura para autoincriminar a las personas detenidas o para que señalaran a otros por los supuestos crímenes por los que fueron acusados. Esto da pie a violaciones procesales por las que deberían anularse los proceso que sobre ellos pesan", explicó el letrado que busca que se inicien investigaciones por tortura y se dictamine la libertad de sus defendidos. Cree que "esto se puede lograr con voluntad política".

    En declaraciones posteriores los acusados no ratificaron sus testimonios iniciales por haberlos realizado mientras eran sometidos a hechos de violencia por las autoridades. "Aún así fueron encarcelados sin que se les haya dictado una sentencia. Esa es una flagrante violación procesal", sostuvo el abogado, uno de los responsables de documentar las torturas para el FRAYBA.

    "Mis compañeros llevan años cumpliendo condenas injustas, sin pruebas ni testigos. A algunos les inventan más delitos en la cárcel. Ya basta de tanta injusticia, de tanta humillación", pidió Alfonso, que sufrió lo mismo que ellos y asegura haberlo perdido todo, "mi juventud, mi familia. Es lo peor que me pasó, algo irreparable. Exijo la libertad de todos los que se encuentran en esa situación".

    Las personas que se encuentran en huelga de hambre son: Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), en Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruíz, Mariano Gómez López, Marcos Gómez López, Martín Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mario Díaz Rodríguez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez en el CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas; así como Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández en el CERSS No. 10 en Comitán de Domínguez.

    Etiquetas:
    torturas, violencia, cárcel, México
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