Por debajo de sus uñas brotaba sangre, lo pinchaban con agujas. Los tejidos en su rostro se hinchaban y rompían, eran los puños de la ley. Sus pulmones se ahogaban, su cerebro se asfixiaba; la cabeza envuelta en nailon. El cuerpo estremecido, la carne quemada; una corriente eléctrica de alto voltaje lo recorría desde los testículos. Le aplicaban la picana.
No se trataba de un blanco al azar. Alfredo pertenece a una comunidad que desciende de los mayas, los tzotzil. Con ese orgullo se llaman a sí mismos batsiI winik'otik, "hombres verdaderos". Pero ser indígena en México es una carga pesada, implica convivir con el drama y la injusticia.
Este es uno de sectores más vulnerables de la población, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La pobreza, la marginación, la falta de acceso a la educación y el aislamiento geográfico los pone en desventaja frente al resto de la sociedad.
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Con los ojos vendados fue forzado a bajar del vehículo. Comenzaba el interrogatorio. "Me hicieron declarar a base de tortura para que confesara delitos que no había cometido", dijo a Sputnik. Una década atrás sus conocimientos de español eran limitados, apenas si pudo comprender, entre golpes, que uno de los crímenes que le estaban implantando era homicidio. Lo forzaron a firmar su condena.
"Como indígenas sin estudios y sin entendimientos de español no sabemos defender nuestros derechos. Así se aprovechan de nosotros. Estuve secuestrado 10 años y cinco meses. Sufrimos los pueblos indígenas, somos ignorados, discriminados, olvidados", sostuvo el joven que ahora tiene 28 y salió de prisión hace poco menos de dos meses.
Pero su expresión de resistencia fue castigada. Un día después ambos denunciaron tratos inhumanos por parte de David Arias, director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) Número 10, en Comitán de Domínguez.
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"Mandó su elemento a levantarnos por la fuerza y nos dio una cachetada a cada uno donde nos desnudaron y nos metió al baño y nos bañó con agua fría nos obligó a que le mostráramos nuestras partes íntimas y nos estuvo maltratando durante 10 minutos", puede leerse de forma textual en la denuncia escrita a mano desde prisión.
A eso se suman denuncias por malas condiciones carcelarias, falta de atención médica, alimentación deficiente, malos tratos por parte del personal. "Todo esto se da en un contexto de violación de derechos a una población vulnerable, los pueblos originarios", dijo a Sputnik Azalia Hernández, encargada de comunicación social Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA).
Desde el FRAYBA se están documentando los abusos desde diciembre. "El Estado alega que no tiene la capacidad para hacer frente a tantas denuncias. Pero con nuestra metodología para identificar casos de tortura pudimos cotejar los testimonios. Pedimos a las autoridades que investiguen las demandas contra policías y funcionarios. Pero creo que todo eso va a ser muy lento, la situación de salud se va complicando", agregó Hernández.
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Al mes la desnutrición impacta todo el sistema. El adelgazamiento extremo hace que el cuerpo quede vaciado de fuerzas. Se experimenta un cansancio agudo que puede afectar el habla. En los siguientes 10 días el individuo pierde movilidad e incluso la consciencia. El método de protesta puede provocar daños irreversibles. Es común que la muerte por inanición se produzca por falta de irrigación cerebral o una falla en el corazón.
"Tomaron la medida porque piden su libertad. Todos son indígenas, lo que en Chiapas implica discriminación en procesos legales. Su situación está plagada de irregularidades", aclaró la vocera del FRAYBA.
En total son 20, pero otros siete no pudieron sumarse a la huelga por problemas de salud. Todos fueron detenidos de forma irregular, algunos hace 10 años, otros hace 15. Denuncian que no hubo órdenes de aprehensión y que, como Alfredo, fueron torturados para que confesaran delitos que no cometieron. Muchos no hablan español y, sin embargo, durante su defensa no contaron con intérpretes.
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En declaraciones posteriores los acusados no ratificaron sus testimonios iniciales por haberlos realizado mientras eran sometidos a hechos de violencia por las autoridades. "Aún así fueron encarcelados sin que se les haya dictado una sentencia. Esa es una flagrante violación procesal", sostuvo el abogado, uno de los responsables de documentar las torturas para el FRAYBA.
"Mis compañeros llevan años cumpliendo condenas injustas, sin pruebas ni testigos. A algunos les inventan más delitos en la cárcel. Ya basta de tanta injusticia, de tanta humillación", pidió Alfonso, que sufrió lo mismo que ellos y asegura haberlo perdido todo, "mi juventud, mi familia. Es lo peor que me pasó, algo irreparable. Exijo la libertad de todos los que se encuentran en esa situación".
Las personas que se encuentran en huelga de hambre son: Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), en Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruíz, Mariano Gómez López, Marcos Gómez López, Martín Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mario Díaz Rodríguez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez en el CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas; así como Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández en el CERSS No. 10 en Comitán de Domínguez.
