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    El atentado a la mutual judía de Argentina, perpetrado en 1994, permanece como una de las páginas más oscuras de la historia reciente del país. Tras casi 25 años marcados por más preguntas que respuestas, la Justicia emitió finalmente un fallo que genera sentimientos encontrados en los familiares de las víctimas.

    Ocurrió el 18 de julio de 1994. Un coche bomba cargado con más de 200 kilogramos de explosivos estalló frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Aún hoy, en 2019, no se sabe quiénes fueron los responsables de este acto terrorista.

    Un primer juicio plagado de irregularidades se desarrolló entre 2001 y 2004. La sentencia absolvió a los imputados y declaró nula toda la investigación, por las maniobras de encubrimiento y entorpecimiento de las que fueron acusados el juez de la causa, altos cargos de la inteligencia, dirigentes de la colectividad judía y hasta el mismo presidente de Argentina en el momento del atentado, Carlos Menem.

    "Después de 25 años nosotros consideramos que el encubrimiento es tan serio como el atentado en sí, porque por culpa de estos encubridores no pudimos saber la verdad. Si había algo para saber ellos, nos lo ocultaron", dijo a Sputnik Adriana Reisfeld, cuya hermana Noemí falleció como víctima del atentado terrorista.

    Adriana Reisfeld, hermana de Noemí, víctima del atentado en la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994
    © Sputnik / Francisco Lucotti
    Adriana Reisfeld, hermana de Noemí, víctima del atentado en la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994

    "Era asistente social, tenía 36 años, dos nenas. De ahí en más cambió nuestra vida para siempre, radicalmente. (…) Arruinaron nuestras vidas y no dejaron a vivir a mi hermana, como joven, una vida feliz", relató Reisfeld, integrante de Memoria Activa, un colectivo de familiares de víctimas que pide verdad y justicia sobre el atentado a la AMIA, así como al que ocurrió en la Embajada de Israel en 1992.

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    Entre los condenados están el juez de la causa inicial, Juan José Galeano (seis años de prisión); el exjefe de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy (4,5 años); el vendedor de coches Carlos Telleldín (acusado de proporcionar el vehículo que explotó, 3,5 años); la esposa de Telledín al momento del atentado, Ana María Boragni (dos años).

    También el exsubsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchezar; el excomisario de la Policía Federal Carlos Antonio Castañeda (tres años); y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que recibieron dos años de prisión condicional.

    Las condenas están lejos de los que pedía la querella: 13 años para Galeano, acusado de pagar 400.000 dólares provenientes de la inteligencia a Telleldín para que con su testimonio involucrara a cuatro miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; seis años para Anzorreguy; y ocho para Mullen y Barbaccia.

    Resultaron absueltos el expresidente Carlos Menem; el excomisario de la Policía Federal, Jorge Palacios; el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), Rubén Beraja; y el abogado Víctor Stinfale.

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    Para el expresidente se pedían cuatro años de prisión, bajo la acusación de haber desviado la investigación sobre la "pista siria", que involucraba a un empresario amigo suyo en el atentado.

    Los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, donde se llevó a cabo la lectura de la sentencia de la causa AMIA 2
    © Sputnik / Francisco Lucotti
    Los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, donde se llevó a cabo la lectura de la sentencia de la causa AMIA 2

    El abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, explicó a Sputnik que las pruebas presentadas demuestran "vinculaciones sólidas" de los imputados, que "no fueron refutadas". En ese sentido, la sentencia condenatoria que exigen los querellantes "es más que necesaria para reparar tanto encubrimiento, tanta actividad inescrupulosa que impidió que los familiares a 25 años de ese atentado terrorista sepan qué pasó". Además, exigen que finalmente "haya condenados" por este acto terrorista.

    Más allá de las condenas, para Borda es importante simbólicamente el juicio y alcanzar penas altas como "un reproche" de las conductas irregulares que obstaculizaron la investigación inicial".

    Mencionó la destrucción de pruebas, el uso indebido de escuchas telefónicas, testimonios que buscaban desviar el eje de la atención, entre otras.

    "Que un juez, o un fiscal se plieguen a este tipo de cosas y actúen en contra de la ley merece un castigo. La agencia de inteligencia no puede tener este tipo de conductas como auxiliares de maniobras ilegales de la justicia", dijo el letrado a Sputnik.

    Rodrigo Borda, abogado querellante de Memoria Activa en la causa AMIA 2
    © Sputnik / Francisco Lucotti
    Rodrigo Borda, abogado querellante de Memoria Activa en la causa AMIA 2

    Según dijo, "hay otras instancias" tanto a nivel nacional como internacional, pero juzgó "escandaloso" que dada "la contundencia de las pruebas se dé una homologación de las conductas gravísimas" de los distintos funcionarios.

    Mientras tanto, está el dolor de las familias de los muertos entre los escombros que dejó el coche bomba, que no pierden la esperanza en encontrar en la Justicia la verdad que durante un cuarto de siglo viene faltando.

    "Nunca va a haber una condena ejemplar ni nada que me satisfaga, porque lo menos que hubiera querido es llegar a esta instancia. Pero como esta instancia es necesaria, creo que sería lo máximo de condena para estos delincuentes. (…) Todos ellos pactaron para que no sepamos la verdad", dijo Adriana Reisfeld.

    Por su parte, Laura Ginsberg, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), expresó tras el fallo que más allá de la absolución del dirigente de la comunidad judía, Rubén Beraja, el foco debe estar en la responsabilidad del Estado argentino, por acción u omisión, probada con el fallo de la Justicia.

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    Según expresó a Sputnik Ginsberg, tras la lectura del fallo se puede decir que hubo cosas que fueron "bien y mal", esto último particularmente a la luz de la absolución de varios de los imputados

    "Bien porque efectivamente hubo condenas. Mal porque pasaron 25 años [desde el atentado y casi] 20 años desde el [primer] juicio que se inició. De alguna manera la sensación que seguimos confirmando es que de acá no vamos a obtener justicia", dijo.

    Laura Ginsberg, integrante de Apemia, entidad querellante de la causa AMIA 2
    © Sputnik / Francisco Lucotti
    Laura Ginsberg, integrante de Apemia, entidad querellante de la causa AMIA 2

    Volver a hacer denuncias por la falta de voluntad de la Justicia para investigar a la inteligencia estatal y a otros actores implicaría mucho tiempo más. Para Ginsberg, esta causa "es el fin de una etapa". Se abre otra, no en los tribunales. Desde Apemia, reclaman una comisión investigadora y la apertura de los archivos secretos.

    "Nosotros estamos encaminados desde hace mucho tiempo en esa vía y lo seguimos reclamando. Es un hecho que esa documentación todavía no está accesible. Hay infinidad de obstáculos que nos van poniendo, uno atrás del otro, y en los próximos meses teníamos pensado iniciar acciones en este sentido, porque es la única manera de poder acceder al conocimiento de la verdad", dijo la dirigente.

    Sin embargo, mirando el vaso medio lleno, al menos "hubo condenas", apuntó. De momento, queda esperar si se mantienen firmes o si en otras instancias —apelaciones, recursos— se revierten.

    "Y está el tiempo, que invariablemente viene pasando y lo único que hace es sumar más años a la impunidad de 25 que ya llevamos", concluyó Ginsberg.

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    juicio, condena, justicia, víctimas, Atentado a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Juan José Galeano, Carlos Menem, Argentina
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