La causa se originó en enero de 2011 luego de que tres personas encapuchadas llegaran a la casa de un agricultor donde se encontraba con su familia y, bajo amenaza de arma de fuego, los sacaron de la propiedad. Luego rociaron combustible y prendieron fuego el hogar.
"No hubo rastros orgánicos en el lugar de los hechos, ni armas ni vestimentas que pudieran ser vinculadas a los acusados. La noche de los hechos los perpetradores llevaban sus rostros cubiertos, por lo que no hubo forma de establecer vínculo entre los acusados y el incendio", dijo a Sputnik Soto Pozo.
El letrado agregó que tras ser comunicada la imputación los seis acusados quedaron privados de su libertad, tres por acusaciones de autoría y tres por encubrimiento. Salieron en libertad con medida cautelares y en 2012 se realizó un juicio a cuatro de ellos. Todos resultaron absueltos salvo la machi a quien se encontró culpable encubrimiento.
"En estas situaciones de conflicto político-territoriales desarrollé actos de autodefensa y también estuve involucrado en algunas acciones de sabotaje, pero no el que se me indica en este caso específico", aseguró el joven mapuche el 28 de febrero ante el juez.
Según el abogado, se cumplirían con los requisitos formales para la extradición: una posible condena superior a un año, sin riesgo de pena de muerte y una causa considerada delito en ambos países. La justicia argentina tiene un plazo de 3 días para dar el veredicto.
Carabineros y la agencia de inteligencia chilena son investigados por la presunta falsificación de pruebas en un operativo donde detuvieron a ocho mapuches en 2017. Dados esos antecedentes, si Jones Huala es juzgado en Chile la defensa pedirá la revisión de las pruebas.
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"Esta es una causa de las denominadas del conflicto mapuche, al sur de Chile y Argentina donde de tiempo en tiempo nos encontramos con este tipo de causas y donde se prejuzga. En este caso no había indicio para allanar la casa de la machi, por eso no solo se pidió el allanamiento en ese sitio sino en varios otros donde residen mapuches y donde no hubo resultados ni explicaciones. Se observa un sesgo en la persecución penal de estas comunidades. Se priva de libertad a personas cuyas causas luego son desestimadas por los tribunales", concluyó Soto Pozo.