Así lo aseguró una investigación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), un equipo de abogados creado para trabajar en este caso. El informe, presentado el 31 de octubre en la capital hondureña revela que la preparación del crimen comenzó en noviembre de 2015, cuatro meses antes de la concreción.
Agua Zarca es un proyecto a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos, al que que Cáceres y su comunidad se oponían. El documento publicado recientemente es de gran importancia ya que revela el modus operandi de la estructura criminal que perpetró el asesinato contra Berta Cáceres y la tentativa de homicidio contra Gustavo Castro.
"Se trata de la empresa constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca con estructuras del Estado, fuerzas de seguridad y grupos sicariales. El ministerio Público ha tenido esta información desde hace más de un año y medio y no ha hecho nada para encarcelar a los responsables", dijo a Sputnik Berta Zúñiga, hija de la líder social asesinada y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Según el informe, los homicidas armaron una estrategia para "violentar el derecho de consulta previa, libre e informada del pueblo indígena lenca" sobre la represa. El mecanismo se basó en campañas de desprestigio, seguimiento, amenazas, sicariato y la infiltración en las comunidades para generar la ruptura del tejido social.
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Además los implicados apuntaron a la cooptación de operadores de justicia y seguridad, y al fortalecimiento de grupos paramilitares. La investigación recogió los chats donde se dio cuenta de estas acciones y de las medidas tomadas luego del asesinato para "orientar la investigación a resultados predeterminados".
El 2 de noviembre se cumplen 20 meses de la muerte de la activista hondureña. En el marco de la presentación de este informe, el COPINH está convocando a una acción global para exigir la captura, el enjuiciamiento y la condena de todos los involucrados en el crimen, la cancelación del proyecto hidroeléctrico, la destitución de las autoridades hondureñas involucradas en el caso y la seguridad de los abogados de los miembros del COPINH.
"Hoy están bajo prisión preventiva ocho personas que serían los intermediarios y autores materiales del crimen. No hay ningún actor intelectual detenido al día de la fecha. Un proceso irregular y negligente como el que se ha hecho hasta aquí favorece a estos criminales", concluyó la hija de la líder indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
