El pedido de siete organizaciones, encabezadas por el jesuita Centro de DDHH "Agustín Pro SJ", fue hecho tras la filtración de documentos sobre la adquisición del programa de espionaje "Spyware Pegasus" por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal).
El director de ese centro de DDHH, Mario Patrón, dijo el 20 de junio a Sputnik que él mismo y otros de sus responsables de la organización fueron espiados con ese software para intervención de equipos telefónicos, mediante mensaje maliciosos, una denuncia que ya presentaron ante la fiscalía.
En un posicionamiento con otras seis reconocidas ONG, el organismo de la Compañía de Jesús dijo que la filtración de los contratos de adquisición "confirma la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y el uso que la institución le dio al malware adquirido".
Observación internacional
Una investigación de un panel de expertos independientes con participación de mecanismos internacionales de derechos humanos, es necesaria "dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación", dijeron en un documento, que suscribe además Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MUCI), que investiga entre otros temas los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos, y que también habría sido espiada.
Al mismo tiempo que celebran el llamado del Congreso a los altos funcionarios federales involucrados a comparecer ante el poder Legislativo —excepto el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, las siete organizaciones consideran "indispensable" que los funcionarios federales que firmaron los documentos y sus superiores sean llamados a declarar ante un panel, independiente de la fiscalía.
El grupo que integran además la Red de Derecho Digitales (R3D) y Social TIC señala también los nuevos casos de espionaje a políticos de la oposición documentados por el CitizenLab de la Universidad de Toronto, "que confirman un posible uso extensivo y sistemático de spyware".
Finalmente llamaron al Instituto Nacional de Transparencia a "ejercer proactivamente sus facultades en este rubro" y llamar a cuentas a la Presidencia de la República, cuyo titular, Enrique Peña Nieto, ya rechazó el señalamiento.
