La medida, que ya ha sido introducida en muchos países del mundo, ha generado fuertes disputas dentro de la sociedad rusa. De aprobarse, marcaría un cambio importante de la práctica habitual que tiene lugar hoy día en la sección rusa de internet.
De que se trata
El proyecto de ley "Sobre la regulación legislativa de la actividad en las redes sociales" ha sido propuesto por Vitali Milónov, diputado de la Duma Estatal (cámara baja de la Asamblea Federal). En la nota que acompaña la propuesta, el diputado explica que el proyecto está destinado a regular las relaciones y actividades en las redes sociales, que hasta ahora habían quedado fuera del ámbito legal del país.
En particular, el proyecto estipula prohibir la publicación de cualquier mensaje personal sin el consentimiento del usuario involucrado en la conversación, así como mensajes que llamen al desorden público, la intolerancia racial, religiosa, entre otros. Pero lo que mayor discusión ha causado en la sociedad, es la propuesta de que una cuenta en internet pueda ser abierta solo por personas de 14 años de edad o mayores.
Además, durante el proceso de creación de la cuenta, el servicio online deberá revisar la veracidad de la información personal introducida mediante algún documento de identidad.
Tal y como está propuesta, los infractores enfrentarían multas administrativas de hasta 300.000 rublos (cerca de 5.350 dólares) para las personas jurídicas y 5.000 rublos (88 dólares) para las físicas. Antes de cumplir los 18 años, los jóvenes tendrán prohibido ingresar a grupos con información prohibida para menores, de lo contrario los padres serán multados con una suma de 2.000 rublos (unos 35 dólares).
El proyecto de ley ha sido publicado en el sitio oficial de la entidad legislativa.
Voces a favor
"Internet ha dejado de ser un divertido juguete, mediante el cual se comparten imágenes graciosas de gatitos. Es un reflejo virtual de todo el país", explica el propio Milonov la necesidad de regular las relaciones en la web.
Según el legislador, los delincuentes y terroristas a menudo utilizan las redes para sus propios fines, sin consecuencias legales. Mientras menos anonimidad irresponsable tenga lugar, mejor será para la propia sociedad, concluye.
Vladímir Petrov, diputado de la Asamblea Legislativa de la óblast de Leningrado y uno de los autores de la iniciativa, estima que tales medidas dejarán fuera del marco legal las cuentas anónimas, falsas, dobles, o el 'robo de personalidad', fenómenos muy difundidos en las redes sociales. Además, la vinculación del pasaporte con la cuenta online ayudará a resolver el problema de las comunidades de los llamados 'trolls' y 'prankers'.
"Nadie intenta introducir censura o limitar la propia libertad de expresión. Una verificación y un control estricto en la autenticidad de los nombres [de los usuarios] solo aumentará el valor de las opiniones propias y la comunicación virtual", expresó Vladímir Petrov a Izvestia.
La comisionada para los derechos de los niños en la óblast de Penza, Elena Stoliarova, por su parte dice no ser partidaria de una prohibición del acceso de menores de 14 años a las redes, aunque sí propuso aprobar una cláusula que obligue a las redes sociales recibir el consentimiento de los padres antes de crear una cuenta para el menor.
Voces en duda
Un proyecto de ley de ese tipo, en particular, la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 14 años, es poco realista, consideró el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitri Peskov.
"No hemos visto aún la esencia de este proyecto de ley, pero las disposiciones que se discuten en los medios de comunicación, por supuesto, son poco realistas", cita Interfax las palabras de Peskov.
Con él concordó el ministro de Comunicaciones de Rusia, Nikolái Nikíforov, quien constató que la idea de limitar el acceso a las redes sociales para menores de 14 años "resulta una medida difícil de ejecutar" en la práctica. Sin embargo, dijo "entender y compartir" la preocupación de los padres sobre la seguridad de sus hijos en internet y planea comparecer ante el Consejo de la Federación (cámara alta de la Asamblea Federal) con un informe sobre la protección de menores en la sociedad de la información.
Por su parte, el asesor del presidente ruso en materias informáticas, German Klimenko, considera el proyecto de ley "bastante crudo", por la falta de concretismo. En particular, el documento no explica el modo de tratar a las redes extranjeras. El alto funcionario estima que antes de ser debatido en el órgano legislativo, el proyecto de ley debería pasar por un proceso de análisis por la industria de telecomunicaciones del país.
"Nosotros contamos, con suficientes entidades con competencias profesionales y jurídicas para el tema: el Instituto de Desarrollo de Internet, el Centro Público Regional de Tecnologías de Internet. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en un desconcierto provocado por la falta de requisitos a considerar".
Con Klimenko se han solidarizado los representantes de Mail.ru Group, VK, Odnoklassniki y Livejournal —mayores jugadores en la esfera de redes sociales de Rusia—.
Vox populi
Una reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Estudios de la Opinión Pública (VTsIOM) mostró que el 62% de los rusos entrevistados apoya la medida de restringir el acceso a las redes sociales para menores de 14 años. En contra de la prohibición se anotó un 35% de los encuestados, alcanzando hasta un 47% entre los residentes de las ciudades más grandes del país: Moscú y San Petersburgo.
Curiosamente, fue precisamente el grupo de los más jóvenes —entre 18 y 24 años de edad— el que apoya más activamente la medida propuesta, con un 67% a favor. Mientras, las personas de 60 años y más, solo mostraron un 60% de aprobación.
Sin embargo, el 52% de los interrogados rechazó la propuesta de que para registrarse en las redes sociales se exija una verificación con pasaporte.
Muchas de las personas en Rusia consideran el internet como una fuente de amenaza a la seguridad personal —desde el fraude hasta la propagación de sentimientos suicidas— y opinan que la nueva realidad que experimenta la sociedad de la información necesita una regulación legislativa, similar a la de la vida real.
Práctica global
La idea de combatir el anonimato y limitar el acceso a los menores en el espacio virtual no es nada nuevo.
Muchos países alrededor del mundo, desde Zambia, hasta la más avanzada Corea del Sur, han puesto en marcha requisitos de registro similares, tanto para las plataformas en internet como para las tarjetas SIM de los móviles, aunque con diversos grados de eficiencia. Así, en la propia Corea del Sur tuvo lugar un gran escándalo en 2011 después de que se diera a conocer que decenas de millones de datos personales de internautas habían sido filtrados tras un hackeo a servidores administrados por el propio Estado.
La red social más popular, Facebook, establece que los usuarios deben apuntar sus nombres reales y tener una edad mínima de 13 años para crear una cuenta, aunque no solicita ningún chequeo durante el propio proceso. La edad mínima permitida a los usuarios se eleva hasta los 14 años de tratarse de los residentes de Corea del Sur o España, medida destinada a cumplir con la legislación vigente de esos países.
Varias plataformas profesionales, como el banco de imágenes Shutterstock, además de una edad mínima de 18 años, requieren una copia digital del pasaporte para poder concluir el proceso de verificación de datos de sus usuarios.
A lo largo del 2016, la Comisión Europea intentó introducir cambios a la regulación europea de Protección de Datos, que haría ilegal recopilar información personal de personas menores de 16 años sin el consentimiento explícito de sus padres. Esta norma causó una fuerte resistencia por parte del lobby tecnológico estadounidense, que domina el espacio virtual y que se apoya en los menores de edad para crecer rápidamente.
Sea como sea, el proyecto de ley introducido en la cámara baja del Parlamento ruso aún tiene que pasar por un largo proceso de discusión y aprobación, durante el cual podrá sufrir numerosos cambios. Los autores calculan que, en caso de aprobarse, la nueva ley entraría en vigor a principios de 2018.
