Crear un registro de ADN de violadores, castrarlos químicamente u obligarlos a portar un grillete identificatorio con un GPS para ubicarlos en cualquier momento son algunas de las medidas aplicadas en el mundo. Todas generan polémicas entre los partidarios de la defensa de los derechos individuales y los que tienen posiciones más punitivas.
En Indonesia el Parlamento ha aprobado leyes para permitir la castración química, la pena de muerte y la fijación de una pena mínima de 10 años para pedófilos condenados. La propuesta se dio a raíz de una violación grupal seguida de asesinato de una adolescente de 14 años.
Defensores de derechos humanos se manifestaron en contra de las medidas consideradas agresivas, alegando que con violencia no se previene la violencia. La Asociación de Médicos de Indonesia también se posicionó contra la iniciativa por considerarla disconforme con la ética profesional de la Salud.
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En Argentina, el crimen de Micaela reveló que el Registro Nacional de Datos Genéticos, aprobado por ley desde hace casi cuatro años, nunca fue concretado. Si bien algunas provincias del país cuentan con sus propios bancos de ADN, no era el caso de Entre Ríos, donde la joven fue asesinada.
Defensores del registro argumentan que si estuviera funcionando, el feminicidio de la joven argentina podría haber sido evitado, ya que el 95% de los violadores son reincidentes, según la fundadora de la organización Madres del Dolor, Silvia Irigaray, en declaraciones a la agencia Télam. Por otro lado, hay quienes cuestionan su eficacia respecto a evitar crímenes.
En Brasil, el banco de ADN de autores de crímenes violentos, como asesinatos, secuestros y violaciones fue formalizado por una ley nacional en 2012, si bien ya funcionaba en el Distrito Federal, por ejemplo. De acuerdo con el diario Correio Braziliense, el primer laboratorio de policía del país especializado en investigación forense de ADN contribuyó en la identificación de más de 50 de los 82 violadores en serie que eran buscados por la práctica de 232 delitos sexuales de 1998 a 2016.
La nueva legislación dispuso además que materiales que permitan la identificación genética, como pelo y uñas, sean colectados en la escena de un crimen e ingresados al registro y sean mantenidos en el sistema mientras no se prescriba el delito. Defensores de la iniciativa argumentan que la medida ayuda también a proteger a sospechosos inocentes de una eventual acusación injusta.
