En el archivo serán registrados los nombres y apellidos de los criminales, además de información sobre su lugar de residencia. Los datos estarán disponibles únicamente para la policía, la procuraduría y otras organizaciones e instituciones gubernamentales.
En ciertos casos, un tribunal puede decidir no publicar los datos de un criminal, especialmente si considera que su vida y su integridad física se encuentran en peligro.
Las personas condenadas por delitos sexuales que no presten información sobre su lugar de residencia o que no notifiquen cualquier cambio de dirección podrán ser arrestadas, privadas de la libertad o multadas. El mismo castigo será impuesto a aquellos que permitan a las personas que figuran en el registro trabajar con niños.