“Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después”, indica la investigación.
Además, la revista ha tenido acceso a declaraciones del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la masacre saldada con seis muertos —tres de ellos alumnos y tres de un equipo fútbol- al menos una decena de heridos y 43 desaparecidos, de los cuales solo uno ha sido identificado a la fecha por una bolsa de restos calcinados recatados de un río.
Los militares confesaron lo contrario: “admitieron que espiaron a los estudiantes” desde su llegada a la caseta de cobro en la autopista Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30 de la noche del 26 de septiembre.
Los militares “conocieron en tiempo real” todas las agresiones contra los estudiantes y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, capital del estado Guerrero, sur de México, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra, ascendido en diciembre pasado Comandante de la IX Región Militar, también en Guerrero.
"Recibimos la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’", declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al igual que el de varias decenas de declarantes más, púbica Proceso
Las declaraciones ministeriales de los militares refieren que esa noche también salieron a las calles de Iguala dos escuadrones del Grupo de Fuerza de Reacción, uno de los cuales iba comandando por el capitán Martínez Crespo y el otro por un teniente cuyo nombre fue censurado por la PGR en los documentos.
En julio pasado el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, dijo a la prensa que la noche del 26 de septiembre en el cuartel de Iguala no había personal ni vehículos disponibles para atender la emergencia.
"Y qué bueno que fue así, porque de haber salido hubiéramos creado un problema mayor", dijo el general Cienfuegos, pero las declaraciones de los elementos del 27 Batallón de Infantería lo desmienten.
Una de las quejas de la CIDH es la prohibición de la Defensa a entrevistar a los militares que estuvieron aquella acuartelados en Iguala, y sólo recibieron la opción de enviar un cuestionario escrito, que fue rechazada por los expertos independientes.
