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    Filipinas prohíbe salir del país a la ex presidenta Macapagal Arroyo acusada de corrupción

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    El gobierno de Filipinas prohibió salir del país a la ex presidente, Gloria Macapagal Arroyo, acusada de corrupción durante su mandato 2001-2010, informó hoy la prensa local.

    El gobierno de Filipinas prohibió salir del país a la ex presidente, Gloria Macapagal Arroyo, acusada de corrupción durante su mandato 2001-2010, informó hoy la prensa local.

    Según la fuente, la Secretaria de Justicia del país sureste-asiático, Leila de Lima, incluyó a la ex presidenta en una lista de personas con riesgo de fuga por un plazo de 60 días mientras se estudian las denuncias presentadas en su contra por corrupción durante su gobierno.

    El esposo de la ex mandataria, José Miguel Arroyo, también fue incluido en la misma lista la semana pasada después de que un empresario le acusara de vender a la Policía helicópteros de cinco años de antigüedad al precio de los nuevos que compró para su uso personal.

    Macapagal, hoy congresista por su provincia natal de Pampanga (norte de Filipinas) y quien alega ser inocente, enfrenta tres casos por corrupción que tiene pendientes con la Justicia del país.

    La ex presidenta tiene pendiente un caso de presunto fraude fiscal por la venta de los terrenos del antiguo aeropuerto de Iloilo (centro) por 1.800 millones de pesos (42,4 millones de dólares) a la corporación Megaworld en 2007. De acuerdo con la primera denuncia, el Gobierno pagó al Tesoro Público 18 millones de pesos (424 mil dólares) de impuestos por la transacción, pero olvidó abonar los 72 millones de pesos (1,69 millones de dólares) correspondientes a los beneficios de la operación.

    El segundo caso, interpuesto por el ex fiscal general filipino Francisco Chavez, sostiene que Macapagal Arroyo desvió un fondo de 500 millones de pesos (11,76 millones de dólares) destinado a ayudar a los trabajadores filipinos en el extranjero para financiar su campaña presidencial, en 2004.

    El tercero y último proceso corresponde al desvío de 728 millones de pesos (17,2 millones de dólares) destinados a la ayuda en la compra de fertilizantes para los agricultores, que sigue pendiente de resolución en los juzgados.

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