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    Extraditado desde Brasil en febrero, Carlos García Juliá ha cumplido en prisión menos de un año de los 10 que le restaban por cumplir. En total, ha estado encerrado 14 años de los 193 a los que fue condenado. Prófugo en Latinoamérica, estuvo también preso en Bolivia por narcotráfico. Las víctimas solicitan el amparo del Tribunal Constitucional.

    Condenado en 1980 como coautor de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio, García Juliá ha abandonado en la mañana del 19 de noviembre la cárcel de Soto del Real (provincia de Madrid) tras satisfacerse la liquidación de condena a instancias de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, a la que se dirigió en mayo su abogado por ser el último órgano que emitió una sentencia en su contra.

    Extraditado a España desde Brasil en febrero tras estar más de 20 años en busca y captura, el citado tribunal atendió la petición de su defensa para liquidar el tiempo que aún le restaba por continuar entre rejas debido a su participación en la llamada matanza de Atocha, perpetrada en un despacho de abogados laboralistas en la madrileña calle de Atocha en 1977. Entre otros beneficios, a García Juliá se le ha aplicado una redención extraordinaria de 787 días, más otros 429 por la estancia en una prisión brasileña, luego de ser arrestado en diciembre de 2018.

    Las víctimas de la matanza y la Fundación Abogados de Atocha han tratado de detener su excarcelación, sin éxito. A tal fin pidieron la nulidad de las actuaciones e impugnaron la liquidación de condena emitida por la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

    "Impotencia tremenda"

    Los afectados han cursado una petición de amparo al Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado sobre su tramitación. Cristina Almeida, miembro de la acusación en el juicio, ha solicitado a las autoridades judiciales y policiales que al menos no se deje salir del país a García Juliá, para lo cual pide la retirada de su pasaporte.

    Tampoco descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recurrir su libertad. Almeida, que llevaba jubilada de la abogacía diez años, ha vuelto a ejercer oficialmente con tal de gestionar el asunto. La abogada y exdiputada manifiesta una "impotencia tremenda". La Fundación Abogados de Atocha estima que no había motivo para computar las redenciones a García Juliá, puesto que infringió su libertad condicional en 1991 para huir a Paraguay.

    El sindicato CCOO ha asegurado que la decisión de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de fallar a favor de la puesta en libertad de García Juliá no se corresponde con lo establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional una disposición del Código Penal entonces vigente, que quiso aprovechar la defensa de García Juliá a través de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

    Episodio negro de la Transición

    Recordamos que la matanza de abogados laboralistas fue perpetrada en la noche del 24 de enero de 1977 por pistoleros de ultraderecha y acabó con la vida de los abogados Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira y Luis Javier Benavides, del estudiante de Derecho Serafín Holgado y del administrativo Ángel Rodríguez Leal.

    Junto con el falangista José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá irrumpió en el bufete de la calle Atocha, donde les tirotearon. Otras cuatro personas resultaron heridas. Cerrá también recibió una pena de 193 años de cárcel. Albadalejo, solo 73. Diversos cómplices fueron condenados a penas menores y otro de los autores materiales del crimen, Fernando Lerdo de Tejada, fugado antes del juicio, continúa en paradero desconocido.

    Etiquetas:
    Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Tribunal Constitucional de España, abogados, crimen, ultraderechistas, excarcelación, extradición, matanza
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