Según denunció la Red nacional de defensoras de derechos humanos de México, el mismo día que el país entró en la Fase 2 del plan de contención de la pandemia, el 30 de marzo, dos mujeres fueron notificadas que les serían retirados los escoltas (policías privados) que las custodian para prevenir nuevos atentados contra su vida.
"Los propios escoltas les entregaron el documento para decirles que retiraban su protección como medida preventiva ante la contingencia sanitaria en el país", relató a Sputnik Cecilia Espinosa, coordinadora ejecutiva de la Red de defensoras.
Esto alertó a la Red, integrada por 279 mujeres en 27 estados de la república, que emitieron una alerta ante lo vulnerable que quedaban estas mujeres por la decisión unilateral por las autoridades locales, encargadas de cumplir lo indicado por el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que busca contener la violencia contra ellos.
Espinosa señaló que no corresponde al Gobierno de Yucatán suspender la protección, que fueron otorgadas por el Mecanismo (adscrita de la Secretaría de Gobernación Federal) y por la Comisión Nacional de derechos humanos.
"Ninguna de las medidas de protección pueden ser retiradas sin una previa valoración del riesgo en que se encuentran las compañeras. Nuestra preocupación es que frente a un caso al que se le hayan retirado las medidas, las demás caigan en cascada y detonen el riesgo que prevalece para las compañeras, aún bajo la contingencia sanitaria", explicó Espinosa.
Según el registro de la Red de defensoras, las agresiones contra mujeres defensoras, periodistas y colectivas feministas se han incrementado en lo que va del año 2020.
En febrero, fueron 45 en total: 21 contra defensoras y 9 contra mujeres reporteras.
El marzo fue el pico, con 55 agresiones: 13 contra periodistas, 14 episodios de violencia contra defensoras de derechos humanos y tres más en contra de colectivas de mujeres.
"Vemos que el incremento de la violencia contra las compañeras en marzo tuvo que ver con las movilizaciones en torno al día internacional de la mujer y la huelga de mujeres del 9 de marzo, ambas para exigir el cese de la violencia contra las mujeres por razones de género", señaló Espinosa.
Lo peor ocurrió entre el 22 y el 30 de marzo, cuando tres mujeres fueron asesinadas en México, debido a su rol social de denuncia e investigación:
- Paulina Gómez Palacio Escudero, defensora de pueblos indígenas, la tierra y el territorio originaria de San Luis Potosí, fue asesinada en el municipio El Salvador del estado de Zacatecas, el 22 de marzo.
- Valentina Camarena del Castillo, coordinadora de la red mexicana de mujeres trans, fue asesinada en el estado de Guanajuato, el 29 de marzo.
- María Elena Ferral Hernández, periodista asesinada en Papantla, Veracruz, el 30 de marzo.
Además de otras dos mujeres reporteras que sufrieron intentos de feminicidio en los estados de Veracruz y Michoacán.
"La situación de violencia generalizada en el país no ha cesado con la contingencia sanitaria, al contrario, se ha incrementado tanto la violencia sexual y familiar. Tampoco han cesado las agresiones contra las defensoras de derechos humanos y periodistas que están poniendo constantemente los puntos sobre las íes. En este sentido, no se han visto acciones efectivas para contener esta violencia", concluyó la fuente.
