Este decreto judicial, emitido el 4 de noviembre, supone una correción del fallo de primera instancia sobre el caso del sargento del Ejército de Chile, Héctor Herrera, quién le disparó a un civil que iba caminando y lo redujo violentamente contra el piso el pasado 21 de octubre. Este hecho ocurrió en el contexto de las masivas protestas ciudadanas que azotaron al país latinoamericano.
"La Corte de Concepción acogió la apelación de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para el militar imputado por apremios ilegítimos contra una víctima de 50 años, ocurrido durante el toque de queda en la Remodalación Paicaví de la capital del Bío Bío", informan los medios locales citando a la Fiscalía chilena.
A pesar de que el hecho fue registrado en un video y viralizado por medio de las redes sociales, el 24 de octubre el juzgado de Garantía local dejó a Herrera en libertad y sin medidas cautelares.
Sin embargo, las protestas no amainaron abarcando otros reclamos sociales y tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y cacerolazos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias de torturas, abusos de poder, golpes y detenciones de militares y policías a civiles.
Hasta el momento la lista oficial de fallecidos es de 23 muertos, cinco de los cuales perdieron la vida a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
