Este es el primer caso de graves violaciones a los derechos humanos en que las autoridades de Gobierno asumen responsabilidad por el papel que les cabe en la peor crisis que enfrenta el país. Sin embargo, una semana más tarde esta luz al final del túnel sufrió un revés judicial que va a dejar impune a una parte del complejo entramado que permitió el crimen.
"Las familias están indignadas, frustradas. Veían con buenos ojos la disculpa pública que hacía falta para reconocer la inocencia de las víctimas, un buen comienzo de nuevas administraciones, pero les llamó la atención que el Fiscal General (Alejandro Gertz Manero) había confirmado su asistencia y luego canceló. Suponemos que ya sabía", dijo a Sputnik Celestino Espinosa Rivera, abogado de las familias de los jóvenes.
En la investigación del caso, a cargo de la Fiscalía de Gertz Manero, la Justicia federal sigue los hechos que tienen que ver con delincuencia organizada. Espinosa indicó que entre las 21 personas exoneradas de cargos, uno de los procesados era señalado como el "enlace" con la Secretaría de Marina (Semar), que cuando ocurrió la desaparición de los cinco jóvenes colaboraba en seguridad pública en Veracruz.
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"La Secretaría de Seguridad Pública, a la que pertenecen los policías implicados, trabajaba de manera conjunta con la Semar que, si bien no participó en los hechos, brindaba protección a este grupo que sí [lo hizo]", explicó el abogado.
De fondo, señaló, se evita una crítica al modelo "conjunto" de seguridad, en que las fuerzas armadas tienen una activa participación en la seguridad pública que se afianzará con la creación de la Guardia Nacional, una de las propuestas insignia en materia de seguridad del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El pedido de disculpas
"El Estado no ha garantizado la seguridad e integridad de sus habitantes", dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal mexicano.
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"Estas disculpas públicas no son suficientes, es sólo un primer paso relevante en reconocer la responsabilidad de las autoridades de Veracruz para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos", sostuvo.
El pedido de disculpas estuvo a cargo del actual gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García. El funcionario admitió en el acto que "se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de Veracruz (…) y que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria de los jóvenes"
"En su momento fallamos a la respuesta que dimos a dichas atrocidades y la falta de una respuesta pronta y diligente que los acercara a la justicia", sostuvo. "Reconocemos públicamente la responsabilidad del Estado y su gobierno y les ofrecemos una disculpa", dijo.
El caso
Las familias supieron pronto que los muchachos habían sido secuestrados por policías porque consiguieron videos que les permitieron rastrear sus últimos pasos antes de ser detenidos y desaparecidos.
José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz habían ido al Puerto de Veracruz a festejar el cumpleaños de uno de ellos.
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De regreso a su pueblo natal, a unos cien kilómetros de esa localidad, fueron detenidos en la carretera federal 140, en Tierra Blanca, por policías de Veracruz, según quedó registrado por las cámaras de seguridad de una gasolinera que está junto a la comandancia de policía. Hubo muchos testigos del hecho que supieron que algo grave sucedía cuando los jóvenes no fueron llevados a la comandancia, sino hacia otra parte.
Al conocer estos detalles, los padres de los cinco jóvenes instalaron un campamento en el ingreso a la fiscalía de esa localidad, exigiendo la aparición con vida de sus hijos y la pronta investigación de su paradero. Permanecieron en ese "plantón" durante 87 días a pesar de la constante vigilancia y amenazas que recibieron.
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Dos meses más tarde, en marzo de 2016, fueron hallados los restos calcinados de Bernardo Benítez, entre otros cientos de fragmentos óseos humanos en igual estado, en un rancho llamado 'El Limón', en el municipio de Tlalixcoyan (Veracruz), lo que evidenció el nivel de las violaciones cometidas a los derechos humanos en esa zona del Golfo de México.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación de los restos a pedido de los padres. Los otros cuatro jóvenes continúan desaparecidos.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que los muchachos fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria. De esa recomendación surgió el pedido de disculpa pública de las autoridades como uno de los actos de reparación hacia las familias afectadas.
Connivencia y colusión
El padre de Bernardo (llamado igual que su hijo), y tío de José y Alfredo, fue enfático en señalar el problema: "Mi intención era hablar sobre la Justicia pero concluí que no soy quién, tengo fundadas razones para no creer en ella", dijo durante el acto.
"No creo en la justicia del Estado mexicano. Ni perdón ni olvido, que se juzgue a los culpables", enfatizó.
La investigación judicial del caso indica que los policías entregaron a los jóvenes a un grupo criminal encargado de privarlos de la vida y buscar que sus restos desaparecieran, quemándolos y esparciéndolos.
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Siguiendo estas investigaciones, ocho policías de la secretaría de seguridad pública de Veracruz, integrantes de la región viii basada en Tierra Blanca fueron detenidos, así como otras 13 personas señaladas por la fiscalía como integrantes de un grupo criminal, de nombre 'cartel de Jalisco Nueva Generación'.
"El caso muestra la conexión con autoridades y sin embargo falta que se dicte sentencia a las personas procesadas y que se investigue a los superiores jerárquicos que tuvieran responsabilidad en los hechos", dijo a Sputnik la abogada Sofía de Romina Castro, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a las familias.
Bermúdez Zurita ya tiene un proceso abierto por este delito grave, aunque fue liberado en diciembre de 2018 por una jueza que consideró que no ameritaba prisión preventiva.
El papel de la justicia
Espinosa Rivera dijo a Sputnik que las familias tienen un juicio de amparo en contra de la Fiscalía de Veracruz por no investigar a los superiores jerárquicos porque "un policía tiene una disciplina en la que informa lo que hace o va a hacer". "Pedimos que se investigue la cadena de mando", precisó.
Sofía de Romina Castro explicó que los padres pretenden que también se investigue el accionar de los funcionarios del ministerio público por colusión con la delincuencia organizada, "la falta de respuesta adecuada para la búsqueda inmediata muestra una posible complicidad de estos funcionarios que también deberían ser investigados", dijo en diálogo con Sputnik, porque fue allí donde "más complejidades han encontrado".
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"Cuando (las familias) fueron a poner la denuncia, parecía que (los funcionarios judiciales) encubrían a los policías, incluso recibieron amenazas", dijo la abogada, quien refirió que esto es "lo que enfrentan miles de familias que en muchos casos no han podido ni poder una denuncia" por la desaparición de su familiar, una cifra negra que elevaría aún más el número oficial de 40.180 personas desaparecidas en México en los últimos 12 años.
La abogada señaló que en los casos de personas desaparecidas por agentes del Estado es generalizado que no se investigue "y si se llega a hacer es solamente a los mandos más bajos y a los autores materiales"."Pocas veces se llega a los de arriba, quienes pudieron haber dado las órdenes o permitir los hechos", concluyó.
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Tampoco llegan al nivel federal de justicia si los policías involucrados son de niveles local y estatal, achicando el total de casos de lesa humanidad que le toca investigar a la Fiscalía General de la República, aunque hayan sido cometidos por agentes del Estado.
