Esta batería de medidas, consensuadas con el resto de partidos políticos, pretende crear un registro documental de las personas físicas o jurídicas que alquilan vehículos de motor y mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos.
"Estas medidas están encaminadas a garantizar cuatro objetivos estratégicos" que el ministro denominó "las 4P" de la seguridad: "prevención, evitando la captación de nuevos terroristas; protección a los ciudadanos mejorando el control de fronteras; persecución de los terroristas integral y globalmente; y preparación de respuestas que minimicen las consecuencias de una acción terroristas".
La intención del Gobierno es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría de estas reformas legislativas que están ya preparadas o en fase de conclusión", lo que implica transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".
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Zoido agradeció el apoyo de los partidos porque es "fundamental" transmitir una imagen de unidad, "que es real", frente al terrorismo.
Además, el ministro explicó que en la reunión dio a los partidos información sobre los atentados del pasado verano en Barcelona y Cambrils, donde fallecieron 16 personas y hubo centenares de heridos.
