La norma establece que proporcionar información deliberadamente falsa sobre una explosión inminente, incendio u otro acto que ponga en peligro la vida, cause daños significativos a la propiedad, tenga otras consecuencias peligrosas para la infraestructura social o provoque daño económico considerable se castiga con una pena de prisión de 3 a 5 años.
La ley prevé de 6 a 8 años de prisión si el acto tiene como objetivo desestabilizar los órganos gubernamentales y una pena de 8 a 10 años de prisión si el acto implica la muerte de una persona u otras consecuencias graves.
Actualmente, el Código Penal ruso prevé una pena máxima de hasta 5 años de prisión por "una información deliberadamente falsa sobre un ataque terrorista".
Una oleada de avisos falsos de bomba se desató en Rusia el 11 de septiembre, desde entonces más de 2,4 millones de personas fueron evacuadas en 186 ciudades rusas (250.000 en Moscú) por el bautizado como "terrorismo telefónico".
En ninguno de los casos los cuerpos de seguridad confirmaron la veracidad de las amenazas.
De acuerdo con las estimaciones del Servicio Federal de Seguridad, solo en Moscú el daño provocado por los falsos avisos de bomba asciende a unos 2,5 millones de dólares.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la mayoría de estas llamadas procedían de lugares en Siria ocupados por terroristas, así como de Turquía, Ucrania, EEUU y Canadá.
