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    El Gobierno aprueba un proyecto piloto en la isla de La Gomera para ensayar una aplicación de rastreo a través de teléfonos celulares. Su tecnología incorpora un modelo descentralizado que utiliza un protocolo para preservar la privacidad de los usuarios. Pero la Agencia Española de Protección de Datos se queja de la falta de transparencia.

    Recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, la idea promovida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de evaluar los resultados de una prueba piloto en la isla canaria de La Gomera mediante una aplicación para móviles, se ha encontrado con las dudas del organismo encargado de velar por la privacidad de los datos.

    El objetivo es ensayar un simulacro de contagios y a partir de ahí notificar a los contactos de los usuarios virtualmente afectados el riesgo de contraer la enfermedad. La multinacional española armamentística Indra, especializada también en ofrecer servicios de consultoría en materia de telecomunicaciones, es la encargada del diseño del proyecto, cuyo contrato asciende a 330.537 euros y se activa con tecnología Bluetooth de transmisión de voz y datos. España es el cuarto país del mundo en ensayar experiencias piloto con la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Apple y Google, pero será el primero en simular contagios para un mejor acopio de datos.

    ¿Cómo funciona?

    La aplicación aprovecha la conexión Bluetooth de los terminales para emitir y observar identificadores anónimos de otros teléfonos. Cuando dos de ellos han estado físicamente cerca el uno del otro, ambos guardan los identificadores anónimos emitidos mutuamente.

    El sistema establece que hay un riesgo si el contacto se mantiene durante 15 o más minutos y a menos de dos metros de distancia entre sí. Cuando un usuario de la aplicación dé positivo por COVID-19 en una prueba de diagnóstico, podrá dar su consentimiento para que el sistema de salud lo notifique de manera anónima. Así, los terminales móviles que hayan estado en contacto con el afectado, recibirían un mensaje avisándoles del riesgo de contagio e instrucciones sobre cómo proceder en lo sucesivo. La aplicación utiliza un modelo descentralizado que se basa en un protocolo que en principio garantiza la privacidad de los usuarios: Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T). Esto quiere decir que al servidor sólo se envían los identificadores cifrados emitidos por cada móvil, no los que recibe vía Bluetooth de otros terminales cercanos. En otras palabras, la privacidad queda garantizada porque el análisis de datos y riesgo se efectúa en el teléfono celular del usuario y no en un servidor.

    En el marco de la pandemia de coronavirus, países como Suiza también han acudido a aplicaciones de rastreo basadas en este protocolo de código abierto. Su mecanismo de informes implica que los servidores centrales no tienen acceso a los registros de contactos. La garantía respecto a la privacidad radica en que los registros de contactos nunca se transmiten a terceros. Tampoco es responsable de procesar e informar a los clientes del contacto.

    Las discrepancias de la AEPD

    El uso de esta aplicación siempre será voluntario y se ha cuidado que esté en consonancia con la política de garantías que marca la normativa europea. Para ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) participará también en la evaluación de los resultados.

    Sin embargo, la AEPD se queja de que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial no les ha avisado con la antelación suficiente para poder estudiar cómo opera el tratamiento de datos de la aplicación de Indra. Mediante un comunicado, esta agencia acusa a la Secretaría de Estado anteriormente citada de falta de transparencia en el lanzamiento del proyecto piloto en La Gomera para rastrear contactos.

    "El desconocimiento de los detalles de la articulación práctica de la aplicación y de la experiencia piloto, esenciales para analizar su incidencia sobre la privacidad de los ciudadanos, ha dado lugar al requerimiento de solicitudes formales de información a la Sedia", advierte la AEPD en su comunicado.

    En la propia Agencia Española de Protección de Datos remiten al contenido de dicho comunicado para fijar su posición. "No hay más", explican a Sputnik desde la AEPD. "Abrimos investigaciones en cuanto se conoció el anuncio por parte del Ministerio, pero no podemos hablar de su alcance por las propias garantías del procedimiento". En realidad, el comunicado es una respuesta a la afirmación por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de que "la Agencia Española de Protección de Datos ha participado en el proceso previo a la puesta en marcha de este piloto". La AEPD, atendiendo al Reglamento General de Protección de Datos, explica que el responsable de su tratamiento "debe tener en cuenta la protección de datos desde el inicio del diseño del proyecto".

    Isla pionera y la cuestión de la privacidad

    Recordamos que la isla de La Gomera, lugar escogido para llevar a cabo la experiencia piloto de rastreo de contagios simulados, es el territorio donde se detectó el primer caso de contagio de COVID-19 en España. Fue el pasado 31 de enero.

    También, esta isla, junto con otras como El Hierro, La Graciosa y la balear Formentera, fueron los primeros territorios españoles en avanzar en la desescalada del periodo de confinamiento. Por otra parte, la cuestión de la privacidad es recurrente en muchos Estados de la Unión Europea, que a diferencia de China y Corea del Sur, muestran más reticencias a establecer métodos de control y rastreo poblacional en aras de perfilar los posibles mapas de contagios en sus respectivos países, dada la posibilidad de lesionar libertades fundamentales. La aplicación de las nuevas tecnologías entraña la instauración del control biométrico en todos los aspectos de las relaciones humanas. Es decir, los intentos por minimizar el riesgo de contagio pueden conllevar un exceso de vigilancia de la sociedad e incluso el comercio de sus datos, si bien las economías tendrán oportunidad de desarrollar estas nuevas industrias.

    Etiquetas:
    privacidad, COVID-19, inteligencia artificial, Ministerio de Economía de España, Gobierno de España, aplicaciones, Protección de datos
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