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    El aborto en Colombia no está penado bajo ciertas causales; hay quienes luchan por despenalizarlo totalmente y quienes buscan exactamente lo opuesto. En los últimos días el debate sobre el tema se instaló nuevamente a nivel nacional y logró que incluso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestara su pensar.

    La Secretaría de la Mujer de Bogotá presentó un concepto ante la Corte Constitucional colombiana para que, si decide pronunciarse de fondo sobre el aborto, lo despenalice.

    ​La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se sumó a la petición e hizo un "llamado para que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo y se avance en superar las barreras institucionales y socioculturales que hoy impiden a las mujeres el acceso a este derecho".

    ¿Por qué el aborto vuelve al debate público en Colombia?

    La Corte Constitucional tiene en su haber una gran responsabilidad. Últimamente tres sucesos han ocupado las noticias de los medios colombianos: 

    • el caso de una mujer que interrumpió su embarazo en el séptimo mes de gestación por padecer problemas de salud mental y ahora su expareja amenaza con denunciarla.
    • las demandas presentadas ante la Corte por la abogada Natalia Bernal, que buscan prohibir totalmente la interrupción voluntaria del embarazo. Bernal propone que —además de que se prohíba que los hospitales realicen abortos— que se endurezcan las penas para los establecimientos clandestinos que realizan interrupciones, informó el periódico colombiano El Tiempo.
    • Del otro lado de la cancha, una propuesta presentada también ante la Corte permite el aborto en cualquier caso hasta la semana 12 de gestación.

    Aborto en Colombia: ¿qué dice la ley?

    En 2006 la Corte estipuló en la sentencia C-355 que un aborto solo puede ser practicado cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando exista grave malformación del feto o cuando la gestación sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento (violación). Bajo esas tres causales, la práctica no es punible.

    Aunque la normativa tiene 14 años, desde hace 1995 se busca derogar la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En aquel entonces una demanda presentada a la Corte resultó derrotada, pero por primera vez una sentencia reconocía los riesgos de la penalización absoluta del aborto. A partir de allí la lucha se recrudeció hasta que desembocó en la sentencia C-355.

    A pesar de la legislación, aún se continúa procesando a mujeres y profesionales de la salud por ello. Según información publicada por El Tiempo, sólo en 2019 la Fiscalía procesó a 319 personas. Entre 2015 y 2019, 28 mujeres fueron condenadas por abortar.

    ¿Qué pide la Secretaría de la Mujer a la Corte?

    En el documento publicado, la Secretaría manifiesta que no puede haber un retroceso frente a lo dispuesto en la sentencia C-355, y advierte que las barreras socioculturales e institucionales (por parte de los sectores salud, justicia y protección) ya son lo suficientemente profundas y extendidas, y están impidiendo el goce efectivo de este derecho a las mujeres, y de otros derechos relacionados como la salud plena, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

    ​"Estas barreras exacerban condiciones de exclusión y discriminación; acentúan las desigualdades entre las mujeres; y ponen en riesgo su vida y su salud, al acudir a abortos clandestinos frente a las negativas y obstáculos" para acceder al aborto, señalan.
    Etiquetas:
    despenalización, salud, embarazo, aborto, Claudia López
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