"Resulta lamentable que, en casos como el de Osorno, el sistema de salud pública no esté en condiciones de ofrecer la atención que por ley se ha consagrado en casos de violación", afirmó el senador de centroizquierda.
"El aborto en tres causales es una conquista en los derechos de las mujeres; asumimos que desde el sector privado de salud podría haber grados de rechazo, pero nadie previó que en el sistema público la objeción se diera en estos niveles", criticó.
La ley de aborto fue promulgada en 2017 y permite interrumpir el embarazo en tres instancias: cuando corre peligro la vida de la madre, cuando el feto tiene malformaciones que lo hacen inviable o cuando el embarazo es producto de una violación.
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Sin embargo, la norma permite que los médicos puedan invocar una "objeción de conciencia" para no practicar abortos en alguna de las causales, o en todas.
Garantizar atención
En Osorno un obstetra objetó por la causal de inviabilidad fetal, cinco lo hicieron por la causal de peligro de la madre y los 16 rechazaron practicar abortos en caso de violación.
El senador sostuvo que "ya es bastante doloroso para las mujeres ser víctimas de violación, someterse a los trámites judiciales y, además, tener que trasladarse a otra ciudad para acceder a una atención sanitaria tan delicada como la interrupción de un embarazo".
"Es una situación totalmente injusta", agregó.
Quinteros dijo que las autoridades de salud deberían vigilar que "en la red de asistencia pública exista la capacidad para realizar estos procedimientos".
"Este no es un tema de convicciones personales de los médicos, sino de cumplir con todas las prácticas y procedimientos que exigen las normas de salud pública", finalizó.
La ley de aborto en tres causales fue promulgada por la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) durante su segundo mandato.
