La Ley Integral de Salud Prepagada "busca proteger los derechos de los usuarios; regular y controlar el funcionamiento de las compañías y seguros que ofrezcan servicios de medicina prepagada, y garantizar que se genere una competencia sana entre las compañías", indica su texto.
La norma obliga a los seguros a cubrir enfermedades catastróficas, crónicas, raras, preexistentes y discapacidades.
Además, el período de carencia para una enfermedad preexistente podrá ser de hasta de 24 meses y el monto de cobertura mínimo será de 7.320 dólares.
La legisladora Pamela Falconí, ponente del proyecto, mencionó durante el debate que esta ley "da prioridad a la salud sobre cualquier consideración mercantil, pero tampoco pone en riesgo a las empresas".
"Esta ley no genera costos al Estado, no genera burocracia, pero tampoco va a hacer quebrar a las empresas y deja establecida con claridad la no discriminación, no me pueden discriminar por tener 65 años, ni por tener discapacidad, ni por una enfermedad catastrófica", ejemplificó la legisladora del gobernante Movimiento País.
La Autoridad Sanitaria Nacional aprobará los planes de salud de las empresas y sus contratos y sancionará todo lo referente a temas sanitarios, mientras que lo relacionado con la parte societaria y financiera será vigilado por la Superintendencia de Compañías.
Las empresas de medicina privada deberán conformarse con un capital social mínimo de 800.000 dólares, añade el texto legal aprobado por 83 votos contra 25 y que espera ahora sanción del Poder Ejecutivo.
Según datos de la Asamblea Nacional, un millón de ecuatorianos están afiliados a empresas de medicina prepagada. Ecuador tiene 16 millones de habitantes.
