"No podemos aceptar las evaluaciones sesgadas que aparecen en esta declaración. La calificamos como un intento de injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano que ni siguiera es miembro de la organización", subrayó el Ministerio ruso.
El comité de la PACE aprobó el 9 de septiembre una declaración en la que se negó a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que dan como ganador a Alexandr Lukashenko, y abogó por repetir los comicios con la participación de los observadores internacionales.
Tanto las autoridades bielorrusas como representantes de la sociedad civil deberían participar en esa investigación, según el comité de la PACE, y sus resultados han de estar disponibles para "cualquier órgano del orden nacional e internacional que quiera y pueda procesar las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en Bielorrusia".
El Ministerio ruso calificó de "inadmisible" este llamamiento.
"Ni la Asamblea ni el Consejo de Europa tienen esas facultades [para crear ese organismo investigador]. Es evidente que el comité sobrepasó los límites de su mandato", afirmó la Cancillería rusa.
Además, según la información del Ministerio ruso, la declaración en cuestión "fue aprobada bajo presión del presidente del comité, el letón Boriss Cilevics".
En concreto, Cilevics "hizo caso omiso a la opinión de los parlamentarios rusos y se negó a someter a una votación el proyecto de la declaración, presentándolo como un documento que goza de consenso. De esta manera, esta declaración no refleja la opinión de todos los miembros del comité", apuntó.
La Cancillería rusa agregó que la delegación rusa en la Asamblea "exigió a los jefes de la PACE explicaciones oficiales" en relación con esos "trucos procesales para promover unas decisiones politizadas".
Bielorrusia no es miembro del Consejo de Europa.
A la vez Bielorrusia firmó y ratificó 12 tratados y protocolos del Consejo de Europa y se sumió a cuatro acuerdos parciales, como el de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
