"En las condiciones de los cambios actuales a gran escala en la política interna de Ucrania aumenta el papel y la responsabilidad de la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE", dijo Lukashévich al destacar el rol de la organización en el monitoreo del cumplimiento de la tregua en Donbás y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías nacionales.
También instó a garantizar la seguridad de los observadores de la misión que siguen trabajando en condiciones difíciles.
Asimismo expresó la esperanza de que las palabras del nuevo presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su investidura, acerca de la tregua en Donbás y la disposición al diálogo se hagan realidad.
Según el diplomático ruso, la victoria de Zelenski en las presidenciales demuestra la actitud de la mayoría de los ucranianos respecto a la política fracasada de su antecesor, Petró Poroshenko, y basada en "la rusofobia feroz, el apoyo al nacionalismo radical y la supresión de la disidencia".
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"Esperamos que las nuevas autoridades ucranianas analicen atentamente los errores de las autoridades anteriores, que lo impedían (la solución de la crisis en Ucrania), y siguen a rajatabla la letra y el espíritu del paquete de medidas de Minsk del 12 de febrero de 2015", dijo Lukashévich.
El pasado 20 de mayo, Vladímir Zelenski fue investido como el sexto presidente de Ucrania, tras imponerse a Petró Poroshenko el 21 de abril en la segunda vuelta de las elecciones.
Durante el discurso de investidura el nuevo presidente ucraniano anunció la disolución de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), el martes firmó el respectivo decreto y fijó los comicios parlamentarios anticipados para el 21 de julio.
Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
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Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo balance la ONU estima en unos 13.000 muertos, además de unos 1,6 millones de desplazados.
