La investigación del llamado 'caso de la mafia rusa' duró casi 11 años. Se inició en 2008, luego, la Policía española realizó una operación para detener a varios ciudadanos rusos, presuntamente relacionados con el grupo criminal Tambovskaya. A fines de 2015, las autoridades españolas presentaron acusaciones contra 26 rusos, sospechados de pertenecer al grupo y de lavar dinero en España. Según la acusación, la mafia rusa 'blanqueaba' en España las ganancias del contrabando de drogas, armas, asesinatos, etc.
Sin embargo, el único funcionario ruso citado por los tribunales españoles fue Vladislav Reznik, uno de los diputados más activos de la Duma de Rusia: es autor de 259 proyectos de ley.
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En sus argumentos, la investigación española se basó en el hecho de que Reznik utilizó el mismo avión y el mismo puerto de atraque para yates que Gennadi Petrov, integrante de Tambovskaya.
"No ha habido pruebas sólidas de la culpabilidad de Vladislav Reznik", subraya Gofshtein.
El defensor reconoció que, hace mucho tiempo, la familia de Reznik adquirió inmuebles en España, acudiendo a Petrov, a quien la investigación española acusaba de estar involucrado en actividades delictivas.
"Por el hecho de comprar una casa, se concluyó que el diputado Reznik también pertenecía a la comunidad criminal", explicó el abogado.
"Pero todo esto no tiene nada que ver con una actividad criminal. Sin embargo, estas relaciones cotidianas fueron interpretadas por la investigación española como una manifestación de un grupo criminal", sostuvo Gofshtein.
A continuación, los investigadores españoles consideraron que la adquisición de una casa en España por un ruso era "lavado de dinero", aunque la parte rusa insistió en que todos los ingresos de Reznik y su esposa Diana Gindin estaban justificados. Sus abogados proporcionaron a la investigación española todas las declaraciones de impuestos del diputado y su esposa.
"La parte española tardó 10 años en admitirlo. Nuestros ciudadanos no 'lavaron' nada, sino que administraron los fondos personales que obtuvieron legalmente", subraya Gofshtein.
El testimonio de otros acusados también jugó un papel crucial. La mayoría de ellos afirmó que nunca se habían encontrado con Gindin ni Reznik.
A pesar de que la prensa española acusaba en las páginas de sus periódicos tanto a la élite rusa, como a la propia Rusia, los encargados de la Operación Troika evitaron cualquier contacto con Moscú. Según Gofshtein, la Audiencia Nacional de España no envió ninguna solicitud a la Federación de Rusia.
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En octubre pasado, la Audiencia Nacional comunicó la absolución de los 17 acusados, entre ellos Reznik, por el delito de blanqueo de capitales.
Después del veredicto de absolución, se eliminará la confiscación de los bienes de los acusados. Además, todos los absueltos tienen derecho a presentar reclamos por enjuiciamiento penal ilegal.
"Perdieron 10 años de su vida y vivieron con el estigma de ser acusados", concluye Gofshtein.
