El proyecto de ley dedicado a la lucha contra mensajes de texto basura obliga a los operadores a comunicar el número exacto y los datos del abonado que ha enviado los mensajes con amenazas de bomba, en correspondencia con las condiciones del contrato de servicios de telefonía.
Además, el documento supone que las mismas obligaciones se apliquen a los mensajes de voz.
El 23 de noviembre la Duma rusa aprobó en segunda lectura una enmienda que obliga también al operador a suspender los servicios de un cliente a petición de las fuerzas del orden o de Roskomnadzor en caso de la necesidad, para prevenir crímenes con el uso de lasredes de comunicación.
Los organismos mencionados también pueden solicitar la suspensión de los servicios si como resultado de las actividades de control realizadas, en el plazo de 15 días no se confirma la autenticidad de los datos personales que figuran en el contrato de servicios de telefonía, según el texto.
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La enmienda fue propuesta por el presidente de la Duma de Estado, Viacheslav Volodin, el presidente del comité parlamentario de Política de Información, Leonid Levin, y el jefe del comité de Seguridad y Anticorrupción de la Cámara, Vasili Piskariov.
Una oleada de avisos falsos de bomba se desató en Rusia el 11 de septiembre, desde entonces más de 2,3 millones de personas fueron evacuadas en 186 ciudades rusas a raíz del 'terrorismo telefónico', de ellas más de 250.000 personas, en Moscú.
En ninguno de los casos los cuerpos de seguridad confirmaron la veracidad de las amenazas.
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De acuerdo con las estimaciones del Servicio Federal de Seguridad, solo en Moscú el daño provocado por los falsos avisos de bomba asciende a unos 2,5 millones de dólares.