La enmienda se introduce en un proyecto de ley para la lucha contra mensajes de texto basura que obliga a los operadores a comunicar el número del abonado que ha enviado esos mensajes.
Los organismos mencionados también pueden solicitar la suspensión de los servicios si como resultado de las actividades de control realizadas, en el plazo de 15 días no se confirma la autenticidad de los datos personales que figuran en un contrato de servicios de telefonía, destaca el texto.
Una oleada de avisos falsos de bomba se desató en Rusia el 11 de septiembre, desde entonces más de 2,3 millones de personas fueron evacuadas en 186 ciudades rusas a raíz del 'terrorismo telefónico', de ellas más de 250.000 personas, en Moscú.
En ninguno de los casos los cuerpos de seguridad confirmaron la veracidad de las amenazas.
De acuerdo con las estimaciones del Servicio Federal de Seguridad, solo en Moscú el daño provocado por los falsos avisos de bomba asciende a unos 2,5 millones de dólares.