"Las grandes cadenas de forma impune incurren en actos que en sus propios países no los podrían hacer, pero que en América Latina sí los realizan; esto es una muestra de discriminación y de trato que subestima a los pueblos, ya que se apropian del patrimonio indígena para alimentar su capital", dijo a esta agencia el quichua Carlos Viteri Gualinga, legislador, antropólogo y defensor de derechos indígenas de Ecuador.
El Gobierno de México cuestionó a la diseñadora venezolana Carolina Herrera de "apropiación cultural" por utilizar motivos indígenas y de la cultura popular mexicana en su nueva y colorida colección Resort 2020, que según su joven diseñador Wes Gordon expresa "el amor" de la firma por ese país.
Muy pocas veces los reclamos tienen un reconocimiento económico, según Fernández.
"En América Latina los pueblos indígenas están vulnerados totalmente en sus derechos patrimoniales (…) es uno de los tantos temas que está en el tapete, ya que la mayoría de las veces se realiza una legislación para reconocer sus derechos pero en la realidad termina sin aplicarse", agregó.
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Viteri Gualinga dijo que el caso de Carolina Herrera es "otra evidencia más" de que el "expolio" del patrimonio de los pueblos originarios, que se inició en 1492 con la llegada de los europeos al continente, "se mantiene".
"El expolio, empezando por las propias tierras, también incluye la usurpación del patrimonio intangible, por lo que esto es un anillo más de la injusticia y de la discriminación de este mundo capitalista sin escrúpulos", agregó.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere en dos artículos al patrimonio cultural de estas poblaciones.
El artículo 31 estipula el derecho a proteger, controlar y desarrollar sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas y el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora.
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Hay dificultades para legislar sobre conocimientos tradicionales y expresiones culturales siguiendo los requisitos del sistema de propiedad intelectual por el que se rigen la mayoría de los países.
Asimismo, al ser conocimientos generados en forma comunitaria e incluso ancestral, ningún pueblo originario los registra en el sistema de propiedad intelectual.
Voluntad política
Viteri Gualinga reconoció que la mayoría de los países en América Latina han impulsado leyes para proteger a la población originaria, pero "falta de voluntad política" de los Gobiernos para defender a estos pueblos.
"Mientras en los países se procura proteger a las empresas a través de patentes por cada invento y creación, no ocurre lo mismo con los pueblos originarios (...) los Estados por omisión permiten que se den este tipo de situaciones en las que los pueblos se quedan solos a la hora de reclamar ante poderosas multinacionales que tienen sus propios tribunales, los cuales van a defender sus intereses", agregó.
El indígena y antropólogo señaló que los pueblos originarios desde hace varias décadas vienen planteando la necesidad de crear un sistema de patentes para que se reconozcan sus derechos colectivos sobre bienes inmateriales.
"Aun ahora con derechos ganados por país y a nivel internacional, los Estados no cumplen en nada y los pueblos originarios están lejos de reclamar el uso de un símbolo cultural cuando tienen que evitar que los desalojen del lugar en donde viven", agregó.
Las empresas no solo están "colonizando" el patrimonio indígena, sino a toda la sociedad, opinó.
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"Lo que se busca es banalizar con la indumentaria la cosmovisión de cada pueblo; yo jamás usaría el emblema de un pueblo en una zapatilla cuando representa miles de años de historia; mientras tanto, el hombre blanco se lucra con lo que cree exótico y original sin dar beneficios a los indígenas, que son la población más vulnerada en términos económicos", dijo Fernández.
Para el año 2010 vivían en esta región cerca de 45 millones de indígenas, lo que representa el 8,3% de la población, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El Banco Mundial sostiene que estas poblaciones enfrentan en América Latina barreras estructurales que les impiden una inserción social y económica plena.
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Mientras constituyen 8% de la población regional, representan 14% de los pobres y 17% de los indigentes, agrega el Banco Mundial.
