Desde la Zona Veredal de Transición 'Heiler Mosquera', Puerto Asís, Putumayo, Colombia
Este aniversario cobró un significado histórico ya que debe ser el último a conmemorar en armas y con un pie en la vía pacífica de su accionar, pero ese paso aún se mantiene lento y con algunos retrocesos por cuestiones políticas que intenta la oposición colombiana para hacer fracasar los acuerdos de paz de La Habana. Incluso han presionado para prohibir las celebraciones con participación de la población civil. Algo que no logaron a la vista de los cientos de visitantes que compartieron actos culturales, con representaciones teatrales, manifestaciones políticas, comidas y bailes hasta la madrugada.
A la intromisión de la Corte Constitucional que habilitó las posibilidades de enmienda en lo refrendado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, por iniciativa de las fuerzas opositoras también se siguen sumando incumplimientos por parte del Estado colombiano y la excesiva demora en la adecuación de los campamentos y zonas veredales, donde se asientan cerca de 7.000 mil guerrilleros.
Aunque acaba de concluir el plazo de 180 días para la dejación total de armas, el porcentaje de esa entrega a las autoridades de Naciones Unidas continúa siendo mínimo (1.000 de las 14.000 que estima la ONU) y la guerrilla ha informado que el armamento restante continuará en su poder hasta tanto se complete lo firmado en Cartagena a fines del 2016. Santos ha decretado una prórroga de 20 días más, en vísperas del 1 de junio, cuando debía finalizar la recogida de armamento, como una forma de reconocimiento en la responsabilidad gubernamental por los retrasos.
Entre los puntos incumplidos por el gobierno se encuentra la Reforma Rural Integral y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos. Esto último incluye el apoyo a un desarrollo alternativo para aquellos campesinos cultivadores de coca y que hasta el momento sólo ha quedado en los papeles, dado que continúan las fumigaciones que no sólo destruyen los cocales sino además las plantaciones que constituyen el sustento alimenticio de los campesinos.
El glifosato es rociado indiscriminadamente sobre los campos de coca, "incluso pasan los helicópteros del Ejército y destruyen todas los sembradíos de yuca", denuncia Gloria Piedad Burbano, que encarna en sí misma la impotencia de los agricultores que ven envenenadas también sus tierras.
Gloria es de Putumayo, un departamento al sur de Colombia y fronterizo con Ecuador, pero su penar no es sólo por la pérdida de sus sembradíos. A ella le desaparecieron a su marido, Hernán Díaz, cuando el 18 de abril del 2012 organizaba una movilización de las comunidades para sumarse a la Marcha Patriótica con destino a Bogotá. Desde ese día nunca más supo de él, militante del Movimiento Bolivariano, que desapareció en tiempos del auge de los "falsos positivos" cuando las fuerzas armadas y los paramilitares ejecutaban civiles, para después vestirlos como guerrilleros y hacerlos aparecer como muertos en enfrentamientos.
Tiene cuatro hijos que debió criar sola mientras repartía sus esfuerzos entre el cultivo de la coca ("trabajando y sembrando maticas", reseña) y los reclamos de justicia por el padre de los niños.
Los acuerdos de paz hablan de que las FARC deben reconocer sus crímenes y pedir perdón a las víctimas, ¿qué pasa con las víctimas de los militares y paramilitares?
Espero que haya justicia por esos hechos. Aunque todavía vienen y nos atropellan y hacen lo que quieren con uno.
Gloria anhela que con el proceso de paz llegue la verdad sobre lo sucedido con Hernán y asegura que siempre sintió "más confianza hacia la guerrilla que con el Gobierno", pero ahora planifica que uno de sus hijos pueda hacer uso de la beca de estudios que una vecina le cedió y el muchacho viaje a Cuba para estudiar medicina. Así cree, que una vez hecho médico, su familia logrará salir de la pobreza campesina que ha sido el caldo donde se coció la violencia en las raíces de la historia colombiana.
