"Somos madres que este día no festejamos nada, sencillamente recordamos la lucha por la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos", dijo a esta agencia Araceli Salgado, quien busca a su hija Fernanda desde hace más de tres años, mientras marchaba junto a familiares de desaparecidos por la céntrica Avenida Reforma.
Son nombres de los estados más devastados por la violencia fuera de control, desatada con la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, declarada durante el mandato del entonces presidente Felipe Calderón en 2007, y proseguida con matices en el mandato de Enrique Peña (2012-2018), que ha costado casi 200.000 vidas y 27.000 desaparecidos en ocho años, según cifras oficiales.
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Doña Araceli busca a su hija Fernanda Ruiz Salcedo, desaparecida a sus 21 años en la ciudad de Orizaba, Veracruz (unos 400 km al sureste): "desde ese día ya no vivo", expresa.
La vida de una madre que busca sin saber nada de sus hijos o hijas en México tiene otros dolores: "estamos siendo criminalizadas y perseguidas por las autoridades, por el simple delito de buscar a nuestros hijos e hijas".
"Te sigo buscando"
Estar aquí junto a otras madres es un acto sencillo: "solo vengo para decirle a mi hija, donde quiera que ella esté, que tu madre te sigue buscando", dijo la señora Salcedo.
Una madre nunca olvida: "este no es un día de fiesta para nosotras, sino de caminar en busca de nuestros seres hijos y nuestros queridos, a quienes nunca olvidamos".
Frustrada en su búsqueda, la madre de Fernanda, decidió sumarse al llamado Enlace Nacional de Movimientos por los Desaparecidos, que reúne a movimientos.
Los días de ausencia de los desaparecidos se cuentan por años, por meses, por días: "Mi hija tenía 21 años el último día que supe de ella, ahora debe tener 24 años ha cumplido tres años 8 meses, y cinco días que desapareció en Orizaba".
La respuesta del gobierno de ese estado gobernado por César Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional la ha decepcionado: "nos ha respondido con la negatividad total, en menos de 30 minutos luego de nuestro hallazgo habían dicho que eran solo telas y maderas quemadas.
"Su reacción inmediata es minimizar el trabajo de nuestras investigaciones, basadas en testimonios que nos llevaron a esos lugares de entierros clandestinos".
"Es el precio de hacer el trabajo que las autoridades no hicieron, es un golpe muy duro que pone en evidencia la ineficacia de sus investigadores, y su frustración se vuelca contra nosotras, nos descalifican".
Madres centroamericanas
"He tenido que venir a México por que no existe un mecanismo transnacional de búsqueda de desaparecidos", dice la madre a Sputnik Nóvosti.
Es la primera vez que ella marcha por la megalópolis mexicana, gracias a que fue elegida por la Fundación para la Justicia, para representar a madres de desaparecidos centroamericanos.
Otro caso es un emblema: una madre busca a Esmir Orozco, de 25 años, quien desapareció hace casi seis años a punto de cumplir los 30, en Tamaulipas, días antes de que se conociera la masacre de 72 migrantes centroamericanos en una bodega, perpetrada por traficantes de personas.
"Él desapareció un 27 de julio de 2010, fue su última llamada, dijo que estaba en Tamaulipas, unos días antes de la masacre de San Fernando", relata la madre.
Muchas madres no tienen la posibilidad de expresarse: "una no vienen por la falta de visa o no tienen recursos para viajar desde Honduras, de Guatemala o de El Salvador, represento a las madres de migrantes".
Hay un dejo desaliento en sus testimonio: "Ninguna autoridad me die nada, igual que a todos los familiares de mexicanos que tienen desparecidos, algunos ya no buscan nada, solo hacer visible su dolor".
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Pero hay esperanzas. Michael Chamberlain representó a México el año pasado en Ginebra ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada: "Se ha conformando un movimiento por nuestros desparecidos en 24 de los 32 estados de la República Mexicana, decenas de colectivos de países de Centroamérica".
En total son más de 70 colectivos de familiares y unas 40 ONG que acompañan a las familias de las víctimas, dice Chamberlain, quien ha hecho el largo viaje desde la norteña Chihuahua, del Centro de Apoyo a los Derechos Humanos Asociación Civil (CADACH, organismo católico).
El papel de la clase política mexicana es frustrante para estas familias: "El Congreso se comprometió a aprobar la nueva Ley de Desaparición Forzada en 2015, ha terminado el periodo de sesiones de 2016 y nada".
Sus palabras se ahogan por los gritos acompasados con voces de mujeres: "¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!
Otra vez: "¡Vivos los queremos! ¡Dónde están, que nos digan, dónde están! Dónde, los migrantes dónde están!"
Y siguen su lenta marcha bajo un sol inclemente en la contaminada urbe.
