Desde 1853, la Constitución argentina establece en su artículo segundo que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". Una redacción que no especifica de qué manera se lleva adelante este sostén, ni qué erogaciones implica, algo que sienta las bases para una relación ambigua e intrincada.
A 165 años, la Iglesia católica sigue teniendo un estatus por encima del resto de las religiones. Por ejemplo, el Estado realiza transferencias para pagar las asignaciones de obispos, párrocos de zonas de frontera y seminaristas, de acuerdo con normas emanadas en su mayoría durante las últimas dictaduras militares, resaltó Nasif Salum.
En total, el Estado nacional destinará en 2018 unos 130.421.300 pesos (6,4 millones de dólares) para hacer frente a esas erogaciones. Un obispo gana, según la ley argentina, el 80% del salario inicial de un juez de primera instancia, es decir, entre 40.950 y 46.800 pesos (2.000-2.300 dólares).
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Para Nasif Salum, "es un mensaje muy claro" de parte del Estado argentino acerca del privilegio que goza la Iglesia católica, cuyas jerarquías están financiadas por el presupuesto nacional.
"Entendemos que esto es contrario a un montón de principios de la libertad e igualdad de las personas para que elegir qué culto profesar en Argentina", dijo el integrante de la CAEL.
Un apoyo económico poco transparente
En un contexto de ajuste fiscal y recortes en el gasto pública, erogaciones como estas —aunque de poca entidad— generan resquemores en la sociedad. Los 130 millones de pesos son una cifra exigua que se pierde en el presupuesto. Sin embargo, el Gobierno federal, las provincias y los municipios transfieren a la Iglesia miles de millones de pesos a través de otras modalidades.
"Es prácticamente imposible saber la suma exacta, porque la cantidad de transferencias por distintos conceptos, leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones de cualquier nivel es tal que es muy difícil tener un número preciso", resaltó Nasif Salum.
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La educación es otro de los ámbitos en los cuales se transfiere más dinero. Las provincias —algunas con Constituciones que establecen de manera explícita la promoción de la fe católica— conceden fondos a las instituciones privadas de enseñanza religiosa para pagar el sueldo de los docentes. Existe además una infinidad de subvenciones que van desde el mantenimiento edilicio de templos a nivel municipal hasta el pago de las facturas de electricidad de la Catedral de Buenos Aires.
"Si uno empieza a sumar, se encuentra que estamos hablando no de 130 millones sino tal vez de unos 10.000, 15.000 millones. Si uno empieza a ver qué se podría hacer con ese dinero y a quién le están sacando plata de sus jubilaciones y salarios, o a quiénes están echando del sector público porque no hay fondos, ahí es donde se vuelve realmente escandaloso", dijo el representante de la CAEL.
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"Finalmente se mantuvo la misma clasificación que venía de hacía décadas. El efecto que tiene es enturbiar las transferencias entre el Estado y la Iglesia católica. El hecho de que la misma iglesia sea parte del Estado como una persona jurídica pública hace que no quede claro cuánta plata recibe", explicó Nasif Salum.
La Iglesia, firme simbólicamente en el espacio público
En los registros civiles, donde se puede oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo, la presencia del símbolo de una institución que "se movilizó abiertamente" contra ese derecho constituye una situación de "violencia simbólica" a criterio del entrevistado. Al igual que cuando se encuentran en salas de votación, que por reglamento "no pueden tener símbolos que puedan influir en la voluntad del elector".
Según el activista por el Estado lacio "cuesta mucho desnaturalizar esas cuestiones" no solo en su país, sino en casi toda América Latina. Sin embargo, Argentina es "uno de los pocos países que tiene un Estado no completamente secularizado en sus instituciones", y en algunas provincias, una gran mayoría de la población es practicante.
Confrontación entre el papa Francisco y el Gobierno
Desde los sectores que impulsan la secularización total del Estado argentino aplauden que se ponga en el tapete el asunto, más allá de las circunstancias actuales
"Desde que asumió el papado Bergoglio, parecía que no iba a haber margen en Argentina para volver a debatir estos temas", dijo Nasif Salum.
El titular de la Santa Sede ha adoptado un discurso más amigable a los sectores nacionales y populares del país y ha preferido no visitar su tierra natal. En tal sentido, el debate sobre el sostenimiento del clero es una manera de "redoblar el enfrentamiento contra Bergoglio", además de un posible modo de generar tensiones internas en otras fuerzas políticas donde no existe un consenso sobre el tema, como en el peronismo.
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Pero más allá del estado actual del vínculo entre el oficialismo argentino y la Iglesia, el PRO, el partido del presidente Mauricio Macri, "nunca fue una fuerza política que se haya llevado mal" con las autoridades eclesiásticas. Prueba de ello es que en 2015, durante su último mandato como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la administración Macri cedió al arzobispado de la capital 30 hectáreas de propiedades públicas.
"Lo hicieron claramente por un acuerdo, por una cercanía política e ideológica, porque sabían que no había mejor momento posible en la historia de la Iglesia para hacer algo así sin que nadie diga nada", comentó.
