"El último desborde ejecutivo es un asalto en todos los frentes a la separación entre Iglesia y Estado, establecida en la Primera Enmienda, y el último capítulo del permanente ataque de este Gobierno a la Constitución y a sus derechos y garantías fundamentales", dice el comunicado.
Más temprano, el mandatario firmó la orden ejecutiva que tiene como fin asegurar que el Gobierno federal no penalice a nadie por sus creencias religiosas protegidas por la Constitución, según dijo.
Cardin observó que los ciudadanos no deberían perder sus derechos constitucionales solo porque Trump tiene que cumplir las promesas que hizo durante la campaña electoral a los republicanos ultraconservadores.
Según el decreto, varias agencias federales deben revisar y posiblemente modificar la ley de modo que los empleadores puedan alegar principios religiosos para negarse a pagar la cobertura médica de sus empleados por procedimientos de anticoncepción, esterilización o medicamentos abortivos.
El senador Cardin estimó que el decreto abre las puertas a una discriminación sancionada por el Gobierno en materia de impuestos, lugar de trabajo, cuidado de salud y vida comunitaria.
