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    ¿Cómo se explica?: destituyen al presidente de Perú y baja el riesgo país

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    Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra (107)
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    Este martes 10 comenzó la presidencia de Manuel Merino, quien hasta la víspera fue titular del Congreso y condujo la sesión que destituyó a Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción. Como principales desafíos deberá gestionar la pandemia, la polarización social y garantizar las elecciones de abril de 2021.

    El 18 de septiembre Martín Vizcarra ya había sorteado un primer juicio por incapacidad para gobernar, iniciado por seis de las nueve bancadas surgidas en las elecciones de enero de este año, luego que el mandatario disolviera la cámaras en octubre de 2019.

    En aquella oportunidad, fue acusado de conceder contratos irregulares a personas de su entorno. Pero no se alcanzaron los votos para desplazarlo del poder, al que había llegado luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

    En este nuevo juicio, Vizcarra fue declarado "incapaz" por una holgada mayoría de 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, y cesado de manera inmediata. Las denuncias en esta ocasión responden al supuesto cobro de sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

    "Mal endémico"

    "Esto ha generado malestar en un país que está dividido entre los que piensan que se debe sostener al presidente en aras de la gobernabilidad, aun sabiendo que hay indicios muy fuertes sobre corrupción, y los que no", dijo a Sputnik el excongresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos.

    "El problema es que los que asumirán al salir Vizcarra son representantes de distintos partidos minoritarios. En el Congreso ningún partido tiene mayoría absoluta, no gozan de la confianza popular", describió.

    "Muchos congresistas tienen denuncias y se conocen sus vínculos con determinados sectores que están interesados en capturar el aparato del Estado y tomar decisiones no a favor de las mayorías", agregó.

    "Es un mal endémico en el país y obviamente el sistema político lo permite", opinó Cevallos. Se refería a que todos los expresidentes desde Alberto Fujimori (1990-2000) a la fecha o están procesados, investigados o prófugos. También está el caso de Alán García, que en 2019 se suicidó antes de ser detenido por sus vínculos con el escándalo de Odebrecht.

    Problemas constitucionales

    Perú no cuenta con "mecanismos de control y participación social", destacó Cevallos. Cuando Vizcarra disolvió las cámaras, en octubre de 2019, el Frente Amplio lo apoyó por entender que el Congreso estaba dominado por partidos muy desprestigiados por hechos irregulares, como Fuerza Popular de Keiko Fujimori y el APRA de Alan García.

    En aquel momento se reclamaba la necesidad de llevar a cabo una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. "Nosotros tenemos una Constitución que fue elaborada por un gobierno dictatorial", apuntó Cevallos en alusión a la reforma aprobada en 1993 bajo el Gobierno de Fujimori, luego del autogolpe de 1992.

    "Es una Constitución absolutamente proempresarial, de achicar el Estado y reducir cualquier nivel de control. Eso ha generado un incremento de la corrupción en todo el aparato del Estado. Tenemos 70% de los trabajadores estatales que entran por la ventana y no por méritos. No hay carrera funcional", lamentó.

    El excongresista puso como ejemplo lo ocurrido con la pandemia de coronavirus. Perú es el país con más muertes del mundo en relación con su población, y también uno de los que más recursos ha destinado para hacer frente a la crisis.

    "Dispuso cerca de 90.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia, uno de los presupuestos más altos de América Latina. Pero sólo 1.300 millones fueron efectivamente al sector salud, y 5.000 millones fueron en bonos para un sector de la población", escribió.

    El grueso de esos fondos, 60.000 millones, "fueron para las empresas, supuestamente para que no quebraran y la gente no se quedara sin trabajo", pero a la vez "se permitió la suspensión perfecta, que en realidad son los despidos encubiertos. Lo más grave es que 43% de estos 60.000 millones fueron solo a 3% de las empresas, las que ejercen poder político y deciden en el país", aseguró.

    La crisis y el riesgo país

    Con la noticia de la salida de Vizcarra sacudiendo el país, el banco de inversión JP Morgan redujo cuatro puntos básicos el riesgo país del Perú hasta ubicarlo en 1.09, el más bajo de la región, seguido de Colombia con 2.08 y México con 2.09.

    Cevallos se refirió a la contradicción de que un país que destituyó a dos presidentes en un mismo período esté atravesando su mejor momento en cuanto a los índices financieros y económicos de las calificadoras de riesgo.

    "Perú es un país muy estable para invertir porque la Constitución permite que venga cualquier inversor y ni siquiera las leyes peruanas pueden discutir los contratos", explicó.

    "El Estado está, de acuerdo con la Constitución, impedido de rediscutir cualquier contrato. Los diferendos ni siquiera los resuelve la justicia peruana sino fuera del país. (...) Muchas empresas pueden invertir sin pagar un centavo al Estado. Aquí es un paraíso para los inversores", consideró Cevallos.

    "Hay una importante cantidad de sectores que plantean la necesidad de hacer cambios sustanciales en la Constitución, y eso se refleja en las centrales de trabajadores y grupos de izquierda", añadió.

    Desde su perspectiva, el nuevo presidente o el propio Congreso tienen las facultades para, junto con las elecciones de abril de 2021, realizar una consulta acerca de si los ciudadanos creen necesaria o no una reforma constitucional.

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    Etiquetas:
    Congreso de Perú, Martín Vizcarra, destitución, Perú
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