Este 25 de junio comenzará a regir el nuevo Código Penal de Honduras, con una serie de reformas cuestionadas por diversos sectores de la sociedad. Entre otras cosas porque rebaja las penas previstas para delitos cometidos contra la administración pública y contra mujeres y menores de edad.
Las organizaciones sociales consideran que las reformas fueron promovidas para blindar "a muchos diputados que están siendo señalados desde el Ministerio Público", como así también a funcionarios de "los otros poderes del Estado".
"Están tratando de limitar el accionar de los operadores de justicia" con el objetivo de que cuando personas vinculadas al poder político o económico "toquen piso de los tribunales, la ley sea benévola con ellos", denunció Castellanos.
Necesario sí, pero no así
"Honduras requiere un nuevo Código Penal pero que realmente responda a los intereses de toda la población y no solo a intereses particulares de grupos económico y políticos", señaló la entrevistada.
Por eso, el rechazo va creciendo según se aproxima la fecha del 25 de junio, lo cual se advierte "en maratónicas campañas en redes sociales donde los ciudadanos se están sumando y diciendo que no entre en vigencia", aseguró Castellanos.
Esta semana se comenzaron a retomar las actividades económicas para reactivar la economía en un país con 60% de su población viviendo en la pobreza, y si bien se estima que esto puede alentar la movilización de colectivos organizados, Castellanos hizo notar que "hay disposiciones que castigan las protestas ciudadanas pacíficas, todo lo contrario a lo que ya establece la Constitución de la República".
Entre las acciones para intentar evitar que el nuevo código entre en vigencia, la CNA y 35 organizaciones más presentaron una iniciativa ciudadana. Se trata de un mecanismo que requiere del acompañamiento de 3.000 firmas para ser escuchado por el Congreso: "En diciembre presentamos más de 12.000 firmas y a la fecha no ha pasado nada", criticó.
El poder en la mira
Según el ranking anual sobre corrupción que elabora la ONG Transparencia Internacional, en 2019 Honduras se ubicó en el puesto 146 de entre 198 países analizados, cayendo 14 lugares con respecto a 2018.
Todo el debate político y jurídico entorno al nuevo código tiene como trasfondo una serie de hechos que elevan la tensión política al máximo. El presidente Hernández fue el primer presidente reelecto en 2017, tras completar su primer mandato iniciado en 2013.
"Tenemos a un presidente de la república reelecto pero la reelección que no consta en la Constitución y posiblemente el gobierno autoritario puede seguir por algún tiempo más", planteó Castellanos, recordando a su vez que hubo denuncias de fraude en los resultados.
La familia presidencial está en el ojo de la tormenta por investigaciones de narcotráfico, en especial el hermano Juan Antonio, que fue diputado entre 2014 y 2018 y ocupó otros cargos en las administraciones de Juan Orlando. Ahora está preso en EEUU luego de que el 23 de noviembre de 2018 fuera apresado en el aeropuerto de Miami.
Lo acusan de traficar cocaína a EEUU, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses y fue hallado culpable el pasado octubre. "Tenemos un binomio perfecto entre corrupción y narcotráfico, hoy la familia presidencial está totalmente señalada por tribunales internacionales en temas de narcotráfico", añadió Castellanos.
Difícil de digerir
"Las penas en temas sexuales bajan, y esto no puede ser. Somos un país y una región que deben castigar de manera fuerte a las personas agresoras de mujeres y niños. La verdad que el Código es una aberración tanto en delitos sexuales como en la administración pública, pero también en delitos ambientales. Está diseñado bajo un panorama que no es la realidad nuestra", dijo.
"Todas nosotras como mujeres estamos indignadas y no podemos callar más, y un ejemplo concreto y claro de establecer es que hoy este nuevo Código que pretende entrar en vigencia castiga más fuerte el maltrato a un animal (y no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso) que a una mujer o un niño", comparó.
Según un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, las denuncias de violencia machista en Honduras durante 2020 superan las 40.000, lo que significa que una mujer es víctima de agresión física cada sesenta minutos.
