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    La tragedia minera de Pasta de Conchos en México: cuando la verdad es sepultada por la negligencia y la avaricia

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    El 26 de marzo se cumplieron dos años de la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió un caso minero. Los restos de 63 trabajadores mexicanos esperan ser rescatados de una mina colapsada en 2006. Hace 13 años la empresa dejó de buscar porque, según dijo, había riesgo de contagio masivo de hepatitis y VIH.

    En coincidencia con un nuevo aniversario de la tragedia, este 19 de febrero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obradoranunció que el Estado retomaría los operativos, posiblemente en octubre.

    Eran las dos de la mañana cuando una acumulación de gas por falta de un sistema de ventilación provocó la explosión de la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos en Coahuila. Un total de 73 mineros extraían carbón en ese tercer turno. Ocho sobrevivieron con graves golpes y quemaduras como secuelas pero 65 quedaron atrapados.

    Grupo México, la concesionaria de la mina, comenzó las tareas de rescate logrando recuperar los restos de dos. Pero repentinamente y basada en peritajes propios decidió suspenderlas.

    Cristina Auerbach, presidenta de la Organización de Familia Pasta de Conchos, es una abogada defensora de los derechos humanos que se unió desde el principio al reclamo de los familiares de los 65 mineros cuyos cuerpos quedaron atrapados.

    En diálogo con Sputnik, Auerbach opinó sobre las declaraciones de AMLO y consideró que "se están haciendo esfuerzos importantes. No estamos de acuerdo con todo y no tenemos por qué estarlo. Lo que sí tenemos que hacer es sumar nuestra voluntad para que las cosas funcionen", dijo.

    "Esta organización representa a casi 1.100 familiares directos de 59 de las 65 familias que son peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", explicó la vocera del grupo.

    En 2010, y ante la imposibilidad de obtener justicia y reparación en el país, la organización presentó el caso internacionalmente. Ocho años después, el 26 de marzo de 2018, la CIDH admitió por primera vez en su historia un caso minero, desechando los argumentos de los sucesivos gobiernos.

    "La Comisión dijo que además del derecho a la vida, la salud y la integridad física de los que murieron y de los sobrevivientes, también se violaron los derechos económicos sociales y culturales de todos los mineros del país", resumió Auerbach.

    Admitir el caso implica que la CIDH investigará y dará su posición sobre si debe pasar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyos fallos sí son vinculantes para los Estados a diferencia de las recomendaciones que indistintamente pueda hacer la CIDH.

    También significa, añadió la abogada, que "al Estado solo le quedan dos posibilidades: o lo hace por las buenas o por las malas, cargando con la vergüenza de una sentencia. Por eso las familias están tranquilas, porque por más que el gobierno esté haciendo bien las cosas, el caso continúa".

    Argumentos bajo tierra

    Grupo México, la concesionaria de la mina, suspendió la búsqueda. "Señalaban que el agua acumulada en la mina a un año y tres meses del evento podría estar contaminada porque estaba en contacto con cuerpos de mineros. Y como podrían tener hepatitis, tuberculosis y VIH se podían contagiar los rescatistas y luego los rescatistas a sus esposas y de ahí a poblaciones enteras. Imagínate la ofensa que representó esto", dijo Auerbach, indignada por aquellos argumentos.

    Además de la "falsedad que implica decir que el HIV se contagia por el agua", a un año y tres meses del evento "no había restos orgánicos sino restos óseos", agregó.

    Grupo México también enfrenta otras denuncias en varios de los megaproyectos que gestiona tanto en México como en el exterior. Es responsable del desastre ecológico que implicó en 2014 la contaminación del río Sonora por el vertido de 40.000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado.

    También está en el centro de la polémica en Perú por la concesión de Tía María, una mina a cielo abierto que puso en pie de guerra a la sociedad civil. Preocupa el impacto acuífero que implica la obra, más aún considerando los antecedentes de la empresas en cuestión.

    El poder subterráneo de la política

    "Cuando hay conflictos en las minas te enfrentas al poder económico y al político, porque hacen uso de la política, de los ministerios públicos y tienen el aparato del Estado para proteger la ilegalidad", sostuvo Auerbach al explicar por qué nunca prosperan las denuncias realizadas a nivel local.

    Tres años después de la tragedia y de formar la Organización Familia Pasta de Conchos, su presidente se instaló en la región carbonífera. El conocimiento y la experiencia adquirida le permiten concluir que entre la industria minera y el sistema político hay una conjunción de intereses, principalmente con representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Industrial (PRI).

    "El tema de carbón en Coahuila, exceptuando Grupo México y Grupo Acerero del Norte, es un tema de políticos del PRI. Es decir alcaldes, diputados, exgobernadores, todos tienen concesiones en minas de carbón".

    Por esta razón, Auerbach consideró muy relevante la decisión de la CIDH. El caso, entre otras razones fue admitido en esta corte porque "demostramos que cuando menos desde el año 2000, no estaba en condiciones de operar. No tenía algo elemental como un sistema de ventilación adecuada. Demostramos que hubo negligencia por parte de la empresa por su avaricia", apuntó.

    Etiquetas:
    empresas, derechos humanos, rescate, muertes, mineros, México
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