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    Costa Rica, "entre neopentecostales y lobos con piel de oveja disfrazados de progreso"

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    La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica acaba de echar más leña al fuego de la crisis política que vive el país, al confirmar que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada vía decreto por el presidente Carlos Alvarado, accedió de manera ilegal a "datos sensibles" de la población.

    El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, fue interpelado por este tema en el Parlamento, convocado por los partidos de oposición. Su firma, la del presidente y la del ministro de Planificación, Daniel Soto, figuran en el decreto que creó el mencionado organismo.

    Si bien la creación del ente es reciente, de acuerdo al informe de la Defensoría de los Habitantes, asesores presidenciales venían analizando datos desde hacía más de un año mediante instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Nacional de la Propiedad.

    Otras dependencias como el Organismo de Investigación Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social decidieron no brindar la información al Poder Ejecutivo, amparados en la privacidad de los datos personales.

    En su comparecencia parlamentaria, Morales Mora dejó mal parado al presidente al deslindar todo tipo de responsabilidad asegurando que no era ministro cuando comenzó a operar la UPAD (previo al decreto) y que no tenía conocimiento de las gestiones para su creación.

    A raíz del escándalo, Presidencia dio marcha atrás con el decreto, pero no pudo evitar el informe de la Defensoría, ni la apertura de una investigación de la Fiscalía ni la creación de una comisión especial parlamentaria para abordar el caso.

    No todo es lo que parece

    "El Gobierno creó la UPAD sin cumplir los procedimientos técnicos y presupuestarios (...) su finalidad es ayudar a la formación de políticas públicas analizando datos dispersos en distintas instituciones para tener formulación más precisa y técnica", dijo a Sputnik el diputado del Frente Amplio José María Villalta, al explicar los fundamentos esgrimidos en el decreto.

    "Hasta ahí no habría nada que objetar salvo que no siguieron los procedimientos", indicó. Sin embargo, con el correr de los días surgieron denuncias acerca de que esta unidad "está intentado tener o ha tenido acceso a datos sensibles, confidenciales de la ciudadanía en poder de las instituciones públicas", apuntó Villalta.

    Para obtener ese tipo de información en un Estado de derecho la vía adecuada es la Judicial o la votación de leyes específicas, y ninguno de esos dos procedimientos fue tenido en cuenta en este caso. "El escándalo hizo saltar las alarmas" sobre la existencia de una red de espionaje ciudadano, afirmó el diputado.

    "Esa es la hipótesis de trabajo bajo la cual estamos realizando nuestra investigación. Se abrió en el Parlamento una comisión investigadora y tenemos indicios fuertes de que no solo intentaron sino que accedieron ilegalmente a información confidencial", enfatizó el diputado.

    Sin querer adelantar detalles de los "indicios fuertes" que están reuniendo, Villalta mencionó que analizan la situación de varios "funcionarios públicos que podrían haber sido destituidos por negarse" a brindar la información solicitada por la UPAD.

    Además aseguró que en las próximas semanas se conocerán más episodios a medida que avancen las distintas pesquisas que están en marcha. "Esto se articula con conductas cada vez más autoritarias y alejadas de su discurso inicial que viene adoptando la administración de Carlos Alvarado", lamentó.

    "Un presidente débil"

    Villalta afirmó que Costa Rica está en un momento de quiebre histórico que pone en riesgo su prestigio internacional, al ser considerada una de las tres democracias plenas de América Latina y el Caribe junto con Chile y Uruguay.

    Se refirió al proceso electoral de 2018 cuando el líder evangélico ultraconservador Fabricio Alvarado —del Partido Renovación Nacional— casi obtiene la Presidencia. Fue el triunfador en la primera vuelta pero sin llegar al 40 % mínimo de los votos para evitar el balotaje.

    "En reacción ante esa amenaza y el retroceso en derechos humanos que hubiese significado, el resto de la población, incluidas las fuerzas progresistas y partidos de izquierda como el Frente Amplio, mayoritariamente apoyamos la alternativa de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, que ya estaba en el Gobierno con fuertes denuncias de corrupción", recordó.

    "Se logró frenar la amenaza neopentecostal pero a un costo muy alto. Alvarado realizó varias transacciones con las elites políticas y económicas del país y les entregó el manejo de la política económica. Es un presidente débil en total minoría en la Asamblea Legislativa", sostuvo.

    De acuerdo con el legislador, las "transacciones" que realizó el mandatario determinaron dejar "de lado el discurso más de centro de su partido y empezar a aplicar políticas neoliberales".

    Entre ellas enumeró promover las privatizaciones, recorte de derechos de los trabajadores, desfinanciamiento de programas sociales y una ley para restringir el derecho de huelga y las manifestaciones.

    Villalta destacó que su fuerza política viene trabajando desde su fundación en 2004 para "desde la realidad de nuestro país poder plantear alternativas reales con el fin de que en las próximas elecciones no sea escoger entre los neopentecostales, con discursos autoritarios, discriminatorios, racistas, o entre lobos con piel de oveja disfrazados de progres".

    Etiquetas:
    Carlos Alvarado, espionaje, datos personales, Costa Rica
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