En la consulta popular, los chilenos deberán definir si quieren una nueva Constitución y si este proceso debería afrontarse a través de una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional.
La validación parlamentaria mediante una mayoría de dos tercios fue el factor principal que impidió que el Partido Comunista y parte del Frente Amplio se negarán a firmar el acuerdo. Consideran que con este porcentaje "la derecha se reserva el poder de veto" para evitar que las principales demandas sociales queden plasmadas en una eventual Carta Magna.
"Eso quiere decir que la derecha sigue insistiendo en su lógica pinochetista y neoliberal de la actual Constitución en la que también con un tercio de los votos ellos tienen el poder de veto", dijo a Sputnik Pedro Santander, periodista y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile.
El acuerdo suscrito debe ser transformado en un proyecto de ley y es ahí donde surgen las interrogantes sobre el alcance real del plebiscito.
"Según la actual Constitución son dos tercios del Parlamento, lo cual es sumamente alto, lo que deja un poder de veto a la derecha que no quiere cambiar el texto", expresó el director del Área Ideas políticas, conflicto y cambio social de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi.
Para el académico eso "deja abierta la puerta para que los partidos, que están sumamente deslegitimados capturen en sí el proceso constituyente, lo que dejaría afuera a organizaciones de la sociedad civil que participaron fuertemente y al ciudadano común. No hay aquí lugar para el ciudadano común".
"La derecha firmó el acuerdo pero si no lo respeta luego, puede esto quedar en nada. Pienso que sería una jugada muy torpe porque llamaría a la gente a salir a la calle nuevamente, con mayor violencia", apuntó Grimaldi.
Para Santander, una vez se conozcan claramente el mecanismo y sus protagonistas, hay algunos aspectos que no deberían quedar afuera de la reforma.
También definió como primordial que la nueva redacción de ese texto fundamental "permita recuperar una serie de cuestiones como el agua, que está privatizada en Chile, que ponga la defensa de derechos humanos en un nivel constitucional amplio y que en el fondo opere para desprivatizar la vida de los chilenos".
"La actual no consagra ni el derecho a la educación ni a la salud, más bien habla de que son los privados los que tienen que encargarse de eso", resumió Santander.
