"La línea programática del golpe se tradujo en los cabildos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, en los que todavía sin haberse hecho las elecciones se dijo que iban a desconocer el resultado electoral y plantearon la desobediencia civil", recordó Moldiz.
Se refería a los Comités Cívicos que dirigieron la protesta durante la campaña electoral —cuando se registraron actos de violencia contra candidatos y votantes del oficialista Movimiento al Socialismo— como así también después de los comicios que dieron más de 10 puntos de ventaja a Morales y por tanto el triunfo en primera vuelta.
"Después de las elecciones vino el segundo tiempo de ese golpe de Estado que se consumó en las últimas horas", resumió Moldiz, que acompañó a Morales como ministro de Gobierno entre enero y mayo de 2015.
Antes del inicio de la auditoría, Morales había asegurado que sus conclusiones serían vinculantes. Siguiendo las recomendaciones de ese documento convocó a nuevas elecciones e informó que habría cambio de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral.
Pero el anuncio no conformó a Carlos Mesa, líder opositor y contendiente de Morales en las elecciones, ni al referente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dirigente político y empresario ultraconservador.
Se alzan y le quitan el respaldo
Las primeras señales de la última fase del Golpe de Estado fue el alzamiento este sábado 9 con policías en distintos puntos del país. El propio comandante general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, solicitó que Morales debía renunciar al cargo. A este reclamo se sumó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman.
"Quisieron sentar un precedente para que los de abajo nunca más se levanten. Los que se pusieron a la cabeza de este golpe fueron los sectores de ultraderechas expresados en Camacho que terminó arrastrando detrás de sí a organizaciones cómplices", resumió el analista.
La alegría no es solo brasilera
La sensación de angustia y preocupación por la situación en Bolivia tuvo un paréntesis el pasado viernes 8 cuando se anunció que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva había recuperado la libertad.
Después de 580 días preso, una sentencia del Tribunal Supremo determinó su liberación. El exmandatario fue encarcelado en abril de 2018 con un fallo de segunda instancia, que lo dejó fuera de la competencia electoral que culminó en octubre de ese año con la elección de Jair Bolsonaro.
"Su libertad marcó el fin de una etapa bastante efímera y dañina para la región, de degradación del Estado de Derecho, destrucción de economías regionales, de los aparatos productivos nacionales de Brasil, Argentina y Ecuador", dijo Sputnik Leandro Carvalho, director del documental "La guerra judicial en Latinoamérica - Lawfare in the Backyard".
Carvalho contó que el viernes estaban cerrando el documental cuando se conoció la noticia de Lula y que en virtud de lo que estaba pasando en Bolivia, también pudieron incluir información de último momento.
Carvalho detalló que el repaso inicia en 2009 con el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras, sigue con las destituciones de Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016) e incluye "lo que está sucediendo todavía en Venezuela, Nicaragua y Honduras".
"Hay una serie de situaciones enmarcadas en esto tres formatos. Golpe blando, parlamentario, lawfare o golpe judicial mediático. Le debimos agregar una cuarta categoría que es el golpe de Estado clásico: abolición del Estado de Derecho absolutamente y utilización de las fuerzas de seguridad para controlar al pueblo, que es lo que pasó en Bolivia", afirmó.
