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Brasil, Argentina y Ecuador: principales objetivos del lawfare hecho en EEUU

Brasil, Argentina y Ecuador: principales objetivos del lawfare hecho en EEUU
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"Es muy triste y fuerte todo lo que ha sucedido. No hay parámetro histórico para comparar lo que ha ocurrido con el Estado de derecho en Brasil, Argentina y Ecuador en particular", afirmó en diálogo con Sputnik Leandro Carvalho, integrante de la Cooperativa Nuestra América Audiovisual.

Todo indica que noviembre será la fecha para la presentación de la primera versión terminada de Lawfare in the Backyard-Guerra Judicial en Latinoamérica, el documental dirigido por Carvalho que habla de este nuevo tipo de guerra, que se realiza no con las armas sino con los jueces. 

El documental es producido por la cooperativa a la que pertenece Carvalho, un colectivo de profesionales argentinos que usa esta herramienta de comunicación para contrarrestar el discurso hegemónico de los grandes medios.

El material se fue rodando en 18 meses de trabajo durante los cuales surgió información muy valiosa, al tratar un tema de mucha actualidad y variabilidad.

"Es un proyecto documental en tiempo real porque no habla de algo que ya sucedió sino que acompaña la coyuntura y los acontecimientos respecto de toda esta cuestión", explicó.

El trabajo demuestra que el concepto Lawfare (guerra jurídica o judicial) aterrizó en Latinoamérica a impulso de un alto militar estadounidense, Charles Dunlap quien participó de las invasiones a Irak y Afganistán a principio de este siglo. En el documental expone las características de esta guerra no convencional y sus propósitos. 

El concepto comenzó a instalarse en la región con el golpe de Estado de Honduras en 2009, contra Manuel Zelaya, y en el juicio político sumario con el que fue destituido en 2012 el presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Es un tipo de guerra no convencional basada en el uso político de la Justicia y de las leyes y un fuerte componente mediático. Los dos primeros ensayos fueron exitosos. 

Entonces vino el caso Brasil, que en 2016 terminó con la presidencia de Dilma Rousseff, que fue sometida a juicio político por el Congreso, y con el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, condenado a prisión.

Paralelamente, los sistemas judiciales de los países que habían visto pasar o estaban en pleno proceso de Gobiernos progresistas, comenzaron a enjuiciar por corrupción a líderes populares.

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Ministro Sérgio Moro dará explicaciones en el Senado por presunta persecución a Lula
Tanto Lula como Lugo, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia y Cristina Fernández de Argentina, entre otros, denunciaron ser víctimas de persecución política y judicial, pero sus dichos y argumentos fueron deslegitimados por la narrativa dominante.

Sin embargo, ahora se sabe que el juez que procesó a Lula, Sergio Moro, actualmente es el ministro de Justicia de Brasil, cuando juró que no tenía aspiraciones políticas. Siendo magistrado coordinó ilegalmente con los fiscales el manejo de las pruebas contra el expresidente, como ha salido a la luz a raíz de las revelaciones de The Intercept. 

También se sabe que el expresidente Michel Temer reconoció que Rousseff sufrió Golpe de Estado.

"Presentamos el documental en el congreso del Ecuador y hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con ciudadanos y con gente de la política y la verdad es que es muy triste y fuerte lo que ha sucedido", dijo Carvalho sobre la filmación y la difusión del trabajo en el país andino, donde se libra una de las principales batallas del Lawfare regional.

"Desde mi perspectiva, y de la nuestra como colectivo, entendemos que hay una operación muchísimo más grande que tiene que ver con intereses corporativos", apuntó el investigador al referirse a los objetivos ocultos de esta guerra no convencional. 

"No es política, eso es anecdótico. Lo de Lula, lo de Correa y lo de Cristina como personajes o personas, es anecdótico. Lo que hay es una vulneración a los derechos colectivos, es un trabajo regional estratégico para recuperación del territorio comercial, financiero, de poder legal de corporaciones", enfatizó.

"En el documental se trabaja la idea de que hay una confrontación de intereses entre lo colectivo de las poblaciones y los individuales de los que se llaman fondos de inversión anónimos. El problema es que hay una concentración muy fuerte del capital corporativa y contrapuesta a los intereses de los pueblos", sentenció Carvalho. 

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