Kennedy, miembro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue uno de los impulsores de la presentación del llamado "libelo acusatorio" el 6 de agosto en la Cámara de Diputados.
De esta forma se inicia el trámite formal para iniciar un juicio político por "mal desempeño de funciones" contra el presidente Mario Abdo Benítez, el vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda, Benigno López.
"El juicio político es un instituto que solo es con fines de destituir a los responsables cuando se evidencia que claramente hubo mal desempeño de funciones, se hayan cometido delitos en el ejercicio del poder o delitos comunes", puntualizó el legislador.
Los tres altos funcionarios están en el centro de la tormenta por un pacto con Brasil sobre los nuevos términos de la contratación de potencia excedente de Itaipú, la central hidroeléctrica bilateral.
El acta fue firmada el 24 de mayo, pero trascendió a finales de julio con la renuncia del director de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira.
Su dimisión fue tras negarse a suscribir el acuerdo porque tendría un sobrecosto para Paraguay, estimado ahora en unos 250 millones de dólares anuales, y que obligaría a aumentar las tarifas al consumo interno.
El secretismo de las negociaciones, sus términos y las sospechas de que una empresa privada vinculada al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, era la principal beneficiada, pusieron sobre la mesa la posibilidad del juicio político.
"¿Hasta qué nivel llega la corrupción que hizo que se firmará este acta bilateral?", se preguntó el diputado.
El documento deja "un camino oculto de que se podría privatizar la energía de Itaipú", agregó.
Los votos sumados de la oposición no alcanzan para establecer formalmente el juicio, pero Kennedy no descartó que ocurra, pues en el Partido Colorado hay legisladores que no están dispuestos a "ser cómplices de alta traición a la patria" y prestarían su voto.
En este sentido, mencionó la revelación de mensajes de whatsapp entre Abdo Benítez e integrantes de su gabinete, que probarían que estaba al tanto de la maniobra, al igual que el vicepresidente.
Ambos ya tuvieron que declarar en una causa iniciada por sectores de la sociedad civil para que se investigue el acuerdo alcanzado y luego anulado con el visto bueno de Brasil.
"Se abrió una investigación por parte del Ministerio Público sobre esta acta bilateral que se había firmado dentro del tratado de Itaipú porque hay muchas irregularidades y desprolijidades", apuntó Kennedy.
Abdo Benítez está por cumplir un año de gestión el 15 de agosto, pero para el diputado “ha sido desde el principio bastante débil, no supo administrar muchas cuestiones que son realmente necesarias en el Paraguay".
Para el representante del departamento de Caaguazú, el acta "es una consecuencia de esta administración que demostró muchas falencias, y va a quedar como un Gobierno muy débil de continuar en el poder y también con mucha desconfianza por parte del pueblo paraguayo".
