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    La 'ley mordaza': ¿un gran negocio para el Gobierno español?

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    Víctor Ternovsky
    "Ley Mordaza" (31)
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    Unos 132 millones de euros. Esta es la suma recaudada por el Ministerio del Interior de España por las multas impuestas en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', que entró en vigor hace dos años. No es de extrañar que muchos la califiquen también como "máquina recaudatoria".

    Se trata de una cifra muy similar a la que, por ejemplo, se recauda en concepto de multas por exceso de velocidad, algo que, sin duda, llena de orgullo a los beneficiarios de este dinero, a quienes no les importa que la 'ley mordaza' es cada vez más criticada por la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, entre otras.

    Y es que la normativa deja a los ciudadanos del país ibérico en una "situación de indefensión" ante el poder de la policía, que es quien tiene "la potestad de interpretar qué hechos son sancionables o no dentro del libre ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión o reunión", según un comunicado conjunto que acaba de emitir un grupo de organizaciones y movimientos sociales españoles e internacionales.

    "Con la 'ley mordaza' se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma", escribe en un reciente artículo el periodista y escritor español Xavier Caño Tamayo, quien añade que la normativa "recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban sus derechos".

    Por su parte, el periodista español Alejandro Arias recoge en su última nota las aplicaciones más polémicas de la 'ley mordaza'. En particular, recuerda el caso de una vecina de Alicante, quien publicó en Facebook una fotografía en la que se podía ver un coche de policía aparcado en un espacio reservado para minusválidos. Esto le valió a su autora una sanción de 800 euros por "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes".

    "La 'ley mordaza' retira del Código Penal una gran cantidad de infracciones de menor importancia que pasan a ser infracciones administrativas. El problema que existe es que el procedimiento penal es mucho más garantista, es decir, existe una serie de garantías procesales en favor del imputado y del acusado. En cambio, en el procedimiento administrativo existe una gran ambigüedad en la tipificación de las infracciones. De hecho,  la 'ley mordaza' concede una amplia discrecionalidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les da una gran poder", explicó a Radio Sputnik el jurista español David Romero Díaz.

    A su vez, el profesor español Julián Jiménez calificó a la 'ley mordaza' como "un instrumento represivo más por parte del Gobierno español para reprimir todo tipo de manifestación, todo tipo de disidencia, y todo tipo de protesta".

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    multa, Ley Mordaza, Gobierno de España, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Alicante, España