Conflicto en Colombia: "La paz y el posconflicto nunca los vimos" en Arauca

Este sábado 9 y domingo 10 se registraron masacres, además del asesinato de dos líderes sociales en el país sudamericano. 'En Órbita' conversó con Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, del departamento de Arauca. En otro orden, el Gobierno boliviano se prepara para aplicar el impuesto a la riqueza.

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia e internacionales denunciaron los hechos de violencia que entre el sábado 9 y el domingo 10 de enero dejaron un total de 10 víctimas mortales. Además reclamaron garantías para líderes comunitarios y exintegrantes de las FARC, desmovilizados en el marco de los acuerdos de paz de 2016.

"Hacía 10 años que no ocurría el poner explosivos en sitios como el parque central”, dijo a En Órbita Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. A pesar de que los atentados en la región habían desaparecido, la firma de los Acuerdos de Paz hace cuatro años "no cambió la tensión permanente en la zona", señaló la entrevistada.

"La paz y el posconflicto aquí [en Arauca] no los vimos. Las consecuencias de esa confrontación bélica las seguimos pagando los miembros de la población civil", dijo.

López enumeró "muertes violentas contra civiles, mientras durante 2020 estuvo presente la retención de civiles o trabajadores de empresas petroleras por parte de las organizaciones rebeldes".

"La vida cotidiana está militarizada. Es común ver miembros del ejército en el campo con sus tanques de guerra", explicó López, que también agregó al problema constantes enfrentamientos y civiles encontrándose en zonas rurales con comandos de las guerrillas.

La presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, del departamento de Arauca, se refirió a tres elementos que hacen especial a esta zona en relación con los conflictos.

"Es zona de frontera con Venezuela, una región con recursos naturales como petróleo, biodiversidad y agua; y tiene un tejido social que ha desarrollado su plan alternativo de vida", explicó.

Nuevos aportes en Bolivia

El Gobierno se prepara para comenzar a cobrar el impuesto a las grandes fortunas. Se aplicará a quienes posean un patrimonio superior a los 4,3 millones de dólares. El Ejecutivo de Luis Arce prevé recaudar por año 110 millones de bolivianos (unos 15,5 millones de dólares).

Durante la campaña presidencial de 2020, el por entonces candidato se había comprometido a crear este impuesto. El objetivo es ayudar a aliviar la economía, seriamente dañada por la pandemia del COVID-19.

"El impuesto va a recaer sobre personas que amasen fortunas (...) y acumulan en activos personales o bienes suntuarios, como mansiones, automóviles, yates. Son ahorros improductivos que no generan beneficio alguno para la sociedad", dijo a Sputnik el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales.

El partido opositor Creemos ha sido el más crítico del impuesto, al afirmar que va a ahuyentar a las inversiones y provocar fugas de capitales. Esta fuerza política, liderada por el empresario Luis Fernando Camacho, representa los intereses de grupos agroindustriales y ganaderos del oriente boliviano.

Morales se refirió a la posición de este sector de la oposición sobre el asunto, diferente al de, por ejemplo, Comunidad Ciudadana, liderado por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

En marzo, el Tesoro General del Estado comenzará a recibir los recursos abonados por las 150 personas más ricas del país.

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